23 enero 2018

El pasado octubre, la Fundación Milenio ha publicado su Informe Nacional de Coyuntura titulado “Sistema de Pensiones: Se aporta más, se recibe menos” donde, lamentablemente, consigna información falsa (fake news) y errada sobre el funcionamiento del sistema de pensiones boliviano. Veamos:
El Informe señala que “el Sistema Integral de Pensiones respeta los depósitos en la cuenta individual mientras se ahorra, pero el momento en que el asegurado necesita utilizar su dinero para poder jubilarse, su saldo acumulado es transferido a un fondo común [aquí viene el error] para el reparto de pensiones”. Para enseguida acotar que “la crítica que muchas veces se ha hecho a este diseño del sistema pensional es que el reparto resulta inequitativo porque no todos aportan en igual proporción”.

Si los autores del Informe hubiesen leído con atención la Ley de Pensiones, los reglamentos y las resoluciones que la componen, se hubiesen enterado que, jurídicamente, el capital acumulado en la Cuenta Personal Previsional de cada asegurado le pertenece, aunque con restricciones, porque no puede usarlo ni retirarlo libremente, debido a que el objetivo de ese ahorro es sustentar una jubilación; cuando el asegurado decide jubilarse, a cambio de ese capital “adquiere un número determinado de Unidades de Vejez”, que son administradas por el Fondo de Vejez. En efecto, deja de ser propietario de ese capital que es transferido a dicho Fondo —aquí la clave— a cambio de recibir una especie de títulos valores denominados Unidades de Vejez, de las cuales será propietario vitalicio.

Sucede que no es una transferencia pura y simple, a un fondo común donde el ahorro de quienes deciden jubilarse se disuelve; por el contrario, la individualización se mantiene, aunque ya no en forma de saldo acumulado en una cuenta personal, sino en forma de Unidades de Vejez que después servirán para cuantificar el monto de una pensión vitalicia. Por lo tanto, no es cierto que hay un fondo común —como da a entender el Informe de Milenio— del cual se paga las pensiones de manera similar a los fondos que se constituyen en los sistemas de reparto.

Matemáticamente, el valor de las Unidades de Vejez que recibe un asegurado jamás rebasa el valor del Capital Acumulado por el mismo. Cuando el número de jubilados aumenta, el valor del Fondo de Vejez crece en función directa al capital acumulado que esos jubilados le transfieren; a su vez, dicho Fondo entrega Unidades de Vejez, cuyo valor es equivalente al capital transferido. Por este motivo, la “preocupación” de la Fundación Milenio respecto a que el “crecimiento del número de jubilados” puede “afectar la sostenibilidad del fondo de pensiones” o, peor, que “la duración del fondo no está garantizada” no tienen ningún asidero.

El procedimiento para determinar el número de Unidades de Vejez que le corresponde a cada asegurado es relativamente complicado, aunque ello no justifica el desconocimiento del que hacen gala los autores del Informe. Si se hubieran esforzado un poco en comprender la matemática que subyace en dicho procedimiento, seguramente se habrían dado cuenta que para la determinación de las Unidades de Vejez se asume una edad límite de 110,9 años; que esa exageración de la longevidad disminuye el monto de pensión; que como ningún asegurado va a llegar a vivir esa edad, en los hechos, ninguno aprovecha todo el capital que transfiere al Fondo de Vejez; o, incluso, se hubiesen percatado que la fracción de capital no aprovechado va a aumentar el monto de pensión de los jubilados que todavía quedan vivos y que solo en ese sentido se puede hablar de un fondo común similar a los del sistema de reparto.

El mecanismo explicado de manera sucinta hasta aquí, corresponde al Régimen Contributivo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que en términos matemático-actuariales es un régimen de Capitalización Individual. No se refiere al Régimen Semicontributivo, que matemáticamente es un régimen de reparto con capitalización parcial, y en cuyo marco se administra el Fondo Solidario y se otorga la Pensión Solidaria de Vejez. Por su naturaleza y diseño, estos dos regímenes no se mezclan; lamentablemente, los autores del Informe no parecen percibir estas especificidades ni los objetivos de cada régimen, por ello presentan los cánones de aportes y sus estimaciones con errores, y se atreven a sostener que “se aporta más, se recibe menos” lo que es cierto para una parte de los asegurados, pero no para todos.

Los autores del Informe de Milenio no son los únicos que propalan fake news en esta materia, también sucede con Luis Fernando Castro López, del Grupo de Estudios del Trabajo Llank’aymanta, que en el artículo titulado “La jubilación obligatoria o la búsqueda de fuentes financieras y de empleo a costa de los trabajadores”, publicado el 3 de enero pasado, sostiene que “en el SIP, el aportante tiene su cuenta individual, cuando se jubila su cuenta individual pasa al Fondo Solidario y desde éste, se hace una distribución de la renta que le corresponde”. Afirmación que, por lo dicho arriba, se comprenderá que es completamente falsa. El colmo, sin embargo, está en que después de esa falsedad, Castro López concluye que “el actual gobierno necesita aprobar una ley de jubilación obligatoria, porque necesita una inyección constante de recursos al Fondo Solidario a largo plazo”. Tristemente, se nota que Castro López ni siquiera se ha molestado en leer los primeros artículos de la Ley de Pensiones, de haberlo hecho, se hubiese enterado que el Fondo Solidario se financia con aportes distintos del 10% que se destina a la cuenta individual de cada trabajador.

Siempre he pensado que la mayoría de los informes y publicaciones que se preparan en la Fundación Milenio son, por decirlo amablemente, poco consistentes; pero, en lo relacionado a sus estudios sobre el sistema de pensiones, pasaron de la inconsistencia a la falsedad. Una vergüenza. Ni qué decir del Grupo de Trabajo Llank’aymanta, que dice tener por propósito “desarrollar la ciencia social desde la perspectiva histórica de la clase obrera”, pero, al parecer, son incapaces de siquiera revisar o, peor, comprender las primeras páginas de una Ley. Siento vergüenza ajena.

El sistema de pensiones boliviano tiene serio defectos y, prácticamente, nadie está de acuerdo con los montos de pensión que recibe; por estos y otros motivos, existe una gran animadversión al mismo. En este contexto, las noticias falsas sobre su funcionamiento y solvencia, lo único que hacen es aumentar la desconfianza sobre el sistema y, peor, desviar la atención sobre los mecanismos más adecuados para: lograr pensiones más altas, incluir a más personas bajo su protección, hacerlo más eficiente y transparente; es decir, desvían/distraen de la tarea de construir un sistema de pensiones realmente universal y capaz de otorgar ingresos suficientes para sostener un adecuado nivel de vida en la vejez.

Por Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres

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