No importa si el gobierno recurre al discurso de “garantizar la soberanía alimentaria”, de “fortalecer el agro” o cualquier otra muletilla, lo evidente es que la decisión de utilizar 150 millones de dólares del Fondo de Pensiones para otorgar créditos a los agropecuarios del oriente es una subvención encubierta al sector.
En efecto, otorgarles créditos a tasas de interés rebajadas —aparte del diésel subsidiado, la devolución de impuestos a quienes exportan, el uso de la infraestructura vial a precios bajos, etc.— es una ayuda más que recibirá el sector. Una ayuda que, a pesar de los recaudos que han dicho que se tomaran, conlleva un alto riesgo para el Fondo de Pensiones, pues, el sector agropecuario del oriente no es el de mejor comportamiento crediticio del país.
Sin embargo, concediéndoles el beneficio de la duda, asumamos que los créditos a otorgarse con el dinero de los trabajadores serán bien utilizados y pagados religiosamente por los asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), es decir, la mora va a ser muy pequeña y no va a existir cartera irrecuperable. Suponiendo estas condiciones extraordinarias: ¿vale la pena que el gobierno disponga los recursos del Fondo de Pensiones a favor del sector agropecuario?, dicho de otra manera ¿es conveniente, para los trabajadores, que sus aportes sean utilizados de esta manera?
La respuesta es un rotundo NO
De acuerdo al modelo matemático financiero-actuarial que utiliza el sistema de pensiones, para que un asegurado de 60 años, sin derechohabientes, reciba un monto de pensión equivalente al 60% de su último salario cotizable, es necesario que haya aportado durante 35 años y que esos aportes reciban una rentabilidad real mínima del 10%. Si la rentabilidad es menor, por supuesto, los montos de pensión también serán menores.
El gobierno está proponiendo utilizar los aportes de los trabajadores para otorgar créditos a 10 años plazo a tasas de interés del 7% y 9%; cabe aclarar que estás son las tasas nominales a las cuales debe descontarse la inflación para obtener las tasa reales.
Si tomamos en cuenta que el promedio de inflación de los últimos cinco años ha sido 4,63% y de los últimos 10 años ha sido del 6,11% y, suponiendo que esos rangos se repitan los próximos años, las descontamos a las tasas propuestas por el gobierno, tenemos que las operaciones que se realicen con los dineros de los trabajadores obtendrán una rentabilidad real que oscilará entre 1% y 4%. Rangos claramente alejados de la tasa mínima de rentabilidad para obtener un monto de pensión adecuado.
La rentabilidad del Fondo de Pensiones ha estado por debajo del mínimo necesario los últimos 10 años (ver Gráfico); la determinación del gobierno no viene a cambiar esa situación sino a empeorarla, pues, compromete tasas de interés reducidas para los próximos 10 años; justo cuando las principales tendencias económicas apuntan a que las tasas de interés y la rentabilidad de los fondos —que ya están en ascenso— rebasaran las tasas que propone el gobierno.
Pensiones miserables
El año 2011 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicaba un estudio que señalaba que los montos de pensión en Bolivia, se ubicarían en el rango del 19,7% al 23,9% del salario final de los asegurados.
Los estudios realizados por IEA Economía Bolivia y la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Pensiones en Cochabamba han arrojado resultados similares a los obtenidos en el estudio de la CEPAL. De seguro la determinación del gobierno no va a mejorar esos resultados porque está comprometiendo tasas de interés muy bajas para el uso de los recursos existentes en el Fondo de Pensiones.
Pero la baja rentabilidad no es el único problema del sistema de pensiones boliviano, en el mismo existen otras restricciones que hacen que los montos de jubilación sean reducidos, a saber:
- Ni las AFP ni la futura Gestora de Pensiones están obligadas a garantizar una tasa mínima de rentabilidad.
- No existe un adecuado asesoramiento previsional para que el asegurado pueda aprovechar a su favor los vaivenes financieros. De hecho, por decisión del gobierno, las AFP están prohibidas de brindar este tipo de asesoramiento.
- Se calcula la pensión como si los asegurados fueran a vivir hasta los 110 años de edad; es decir, el capital que logran acumular los asegurados se lo distribuye como si los mismos fueran a cobrar una pensión hasta esa edad.
- La incidencia de los derechohabientes —especialmente si son mujeres— es desproporcionada, tanto que pueden bajar un monto de pensión entre el 25% y 40%.
Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 17 de enero de 2017
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