Esta pregunta, no la reelección
de Evo Morales, debería ser la principal de un futuro referéndum, por las siguientes
razones:
Primero, el discurso
del Vicepresidente en el VIII Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía
2015, así como las diferentes declaraciones
del actual Ministro de Hidrocarburos y Energía, indican que el gobierno ya ha
decido qué incentivos otorgar a las empresas petroleras y la forma de hacerlo. Además,
la determinación con que ambos funcionarios gubernamentales presentan el asunto
también permite prever que la consideración del mismo por parte de la Asamblea
Legislativa Plurinacional será un mero trámite administrativo.
Segundo, el proyecto de ley que,
de aprobarse se denominará: “Ley de promoción para la inversión en exploración
y explotación hidrocarburífera”, como ya lo hizo notar Hugo del Granado,
considera como “incentivo” lo que en realidad es un pago extra de entre 30 a 55
dólares por barril de petróleo y condensado, dependiendo de si dichos
hidrocarburos se producen en zona tradicional o no, y también del nivel de
precios que alcancen en el mercado internacional. Para hacer efectivo este pago
el proyecto de ley consigna utilizar una parte (12%) de lo recaudado por el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la creación de un Fondo de
Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH)
y también el uso de las Notas de Crédito Fiscal (NOCRE).
Tercero, aunque dicho proyecto de
ley contiene varias imprecisiones y serias deficiencias políticas,
económico-financieras y técnicas (sobre las cuales ya habrá oportunidad de
referirse en detalle), considero que su objetivo principal, aunque solapado, está
en que modifica las proporciones en que se reparte el valor total de todos (perdón
por la redundancia) los hidrocarburos producidos en el país, a saber: 50% para
el Estado y 50% para las empresas petroleras.
En efecto, si las empresas
petroleras reciben un centavo más del 50% del valor de la producción, sea
directa o indirectamente, en efectivo o en papeles (NOCRE), del FPIEEH o del
Tesoro General del Estado, dentro de la transacción comercial de los
hidrocarburos o por fuera de ella, en los hechos se estaría alterando las
actuales proporciones de apropiación de los hidrocarburos, por supuesto, como
lo evidencia el proyecto, en detrimento de los ingresos del país.
Cuarto, la decisión de modificar esas
proporciones de distribución no le corresponde al gobierno de Evo Morales, ni
siquiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino al pueblo boliviano. Por
la sencilla razón de que esa proporcionalidad fue definida por el apoyo
mayoritario que recibió la pregunta número cinco[1]
del “Referéndum vinculante sobre la política energética del país”, realizado el
18 de julio de 2004, precisamente nueve meses después de la Guerra del Gas.
Esa decisión del pueblo, a pesar
de las resistencias y reticencias de muchos de los actores políticos de ese
entonces, fue plasmada en la Ley Nº 3058 del 17 de mayo de 2005, que
expresamente dispone:
“ARTÍCULO 8º (Régimen Económico). Se dispone que el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004”.
Aquí vale la pena acotar que la
Constitución establece que los hidrocarburos “son de propiedad inalienable e
imprescriptible del pueblo boliviano”; de tal manera que el Estado y quienes lo
administran, ejercen dicha propiedad “en nombre y representación del pueblo”; lo
que, en mi criterio, obligaría a nuestros gobernantes a consultar un asunto de
tanta relevancia como el tratado en dicho proyecto de ley.
Quinto, del proyecto de ley, y de
la política hidrocarburífera que hasta el presente aplica el gobierno, se
desprende que existe una profunda convicción en que serán las empresas
transnacionales quienes exploraran el territorio nacional en busca de
hidrocarburos y aumentaran el volumen de reservas, si es que se les da “incentivos”
y condiciones favorables.
Dicha convicción no tiene ningún
asidero real, ni histórico-político, ni económico-financiero, ni geológico-técnico.
Sin embargo, no viene al caso aquí, evidenciar lo errados que están los
funcionarios gubernamentales, sino anotar que una consulta popular sobre el
tema, brindaría la oportunidad de analizar y evaluar alternativas diferentes a
las basadas en una confianza tozuda y ciega, sino interesada, en las empresas
petroleras extranjeras.
Gustavo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 09 de septiembre de 2015
[1] La preguntaba decía: “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política
nacional que: Cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos, fomente
la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o
regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción
del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación
e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y
empleos?”
De completo acuerdo en tu análisis, pero lo que se debería hacer prioritaria mente es lanzar una nueva Ley de Hidrocarburos, ya que la 3058 resulta obsoleta, imprecisa y su regulación ha sido incoherente y hasta contradictoria y esto todos lo reconocen pero nadie se anima por lo menos a discutirla y consensuarla. Es más, se ha promulgado una Ley de las Empresas Públicas que no se va a poder regular y esta de incentivos que tampoco se podrá regular a no ser que ambas estén adecuadamente propuestas en una nueva y urgente Ley para el sector. Jorge Márquez
ResponderEliminarEstimado Jorge, concuerdo contigo. Pero veo muy difícil que el gobierno se ponga a trabajar en una nueva ley de hidrocarburos. Como hemos visto estos días sus prioridades son otras.
ResponderEliminar