18 noviembre 2015

Buenas noches a los compañeros panelistas. Antes de empezar, quiero agradecer la oportunidad que se me da de participar en la XXII Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, así como la oportunidad de volver a las aulas de la Universidad Mayor de San Andrés que me cobijaron hace muchos años.

Comencemos. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos 3058, toda producción de hidrocarburos en el país, no importando si es Petróleo o Gas Natural y Condensado, debe ser cuantificada en la Boca de Pozo y en el Punto de Fiscalización; una vez medida la producción, la Ley establece que el 50% del valor la misma pase a manos del Estado por concepto de pago de Regalías y Participaciones (18%) y pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH (32%), dejando el restante 50% en manos de las petroleras.

El Proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburífera propone modificar esa distribución restándole el 12% al IDH, con el fin de crear el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburífera; Fondo que entregará esos recursos a las empresas petroleras en forma de incentivos a la producción de Petróleo y Condensado.

En síntesis, el Proyecto de Ley, en caso de aprobarse modificará el parámetro de distribución de 50% para el Estado y 50% para las empresas, para dejarlo en 46,16% para el Estado y 53, 84% para las petroleras.

Lo cierto es que las petroleras ya reciben un incentivo de 30 dólares por barril de petróleo producido; éste fue creado por medio del Decreto Supremo 1202 en abril de 2012. Sin embargo, el Proyecto de Ley pretende mejorar y afianzar los esos incentivos, por un lado, creando un rango de incentivos que van desde los 30 dólares como mínimo hasta 55 dólares como máximo, dependiendo si el área de producción es tradicional o no, y también dependiendo del precio internacional del petróleo. Por otro lado, se fijan los incentivos por periodos de hasta 25 años. Por último, al elevar los incentivos a rango de ley se otorga seguridad jurídica a las empresas en detrimento de las potestades de YPFB y del mismo Estado.

¿Cuáles son los argumentos del gobierno?

Cuando Carlos Villegas, ex Presidente de YPFB, instituyó los incentivos de 30 dólares a las empresas el año 2012, argumentó que el petróleo estaba muy caro, en ese entonces bordeando los 100 dólares por barril, por ende, los costos de producción también aumentaron, tanto que las petroleras no estaban ganado nada. Por eso decía, estamos creando el incentivo de 30 dólares.
Hoy día, cuando el precio del petróleo está alrededor de los 40 dólares, el argumento de Guillermo Achá, Presidente de YPFB, dice que hay muchos proyectos en marcha donde las petroleras han invertido, inversiones que están en riesgo porque los precios internacionales de los hidrocarburos han caído, por lo que si no se les da incentivos, dichos proyectos se van a detener.

Es una ironía de la historia, pero con esos razonamientos los funcionarios de YPFB que hemos citado están más a la derecha que los neoliberales de antaño, para quienes el mercado debería definir las ganancias de las empresas petroleras. Si los costos de éstas eran más elevados de los marcados por el mercado, deberían mejorar su eficiencia o dejar de producir, en cambio hoy, si las ganancias de las petroleras no son suficientes, el gobierno debe ayudarles otorgándoles incentivos.

Convienen aquí referirme al título de mi ponencia: ¿Realmente, se está incentivando la producción de petróleo o, por el contrario, la gestión de YPFB y del ministerio del ramo está sometida a los intereses de las empresas?

Con la información que he presentado hasta aquí, no me cabe duda que se está beneficiando a las empresas petroleras en detrimento de los intereses nacionales. ¿Por qué está pasando esto?

Efectos de una nacionalización tímida e incompleta

La raíz del problema y de la forma en que actúa el gobierno, en mi criterio, está en que el pueblo y el Estado bolivianos no son propietarios efectivos de los hidrocarburos. Me explico:

Cuando un país es propietario de los hidrocarburos explota los mismos por medio de empresas estatales creadas para tal fin o por medio de empresas privadas, en ambos casos, si realmente es propietario, entre muchas condiciones impone a las empresas dos condiciones que son insoslayables: la obligación de trabajar y la obligación de participar de lo producido.

¿Qué calidad/cantidad de trabajo y qué proporción de participación? Aquí es donde se efectiviza el ejercicio propietario, por ejemplo:

Qué sentido tendría si el propietario apropia para sí el 90% de lo producido pero no impone la obligación de trabajar; es evidente que si las empresas no están obligadas a trabajar, no van a producir nada, y el 90% de nada es nada. Por otro lado, qué sentido tendría si el propietario impone la obligación de trabajar, pero apropia para sí sólo el 10% de todo lo producido, de esta forma tampoco se está siendo un propietario efectivo.

Esto último es algo parecido a lo que hizo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que mantuvo la obligación de perforar un pozo por parcela pero redujo la apropiación de lo producido al 18%. La situación se agravó cuando en el gobierno de Jorge Quiroga se anuló la obligación de perforar un pozo por parcela, con lo que las petroleras eran las que decidían sus ritmos de trabajo y si exploraban o no. En fin decidían todo lo referente a los hidrocarburos, dejando al Estado sólo con las tareas de regulación y supervisión, y como un propietario declarativo, es decir, sin potestad para definir e incidir en los procesos productivos.

Ni la Ley 3058, ni el Decreto de Nacionalización, ni la migración de contratos han impuesto la obligación de trabajar a las petroleras. De hecho, en ninguno de los contratos de operación firmados por el gobierno del MAS con las empresas petroleras existe la obligación de trabajar. Al parecer influyó de sobremanera la visión de Andrés Soliz Rada para quien la nacionalización significaba que las petroleras entreguen todo lo producido a YPFB, y el Estado dirija, controle, supervise, etc., pero, no imponga la obligación de trabajar.

Para dejarlo claro, sin obligación de trabajar por parte de las petroleras (por ejemplo, obligarlas a perforar un pozo por parcela) no hay nacionalización efectiva. Es cierto, que el actual gobierno obligó a que el Estado participará del 50% de los hidrocarburos producidos en el país, también es cierto que se ha recuperado la propiedad de YPFB Chaco y el 51% de la propiedad de YPFB Andina, pero no se ha impuesto la obligación de trabajar ni a las estatales ni a las empresas operadoras, es decir se ha dejado incompleta la nacionalización.

En ese marco, perdón que reitere este asunto, sin la obligación de trabajar las petroleras no exploraran más, ni tampoco descubrirán nuevos reservorios y campos de petróleo. Así obligaran al país a depender cada vez más de su voluntad o no para realizar operaciones de exploración, y presionaran con mayor fuerza para obtener más ventajas y canonjías del gobierno.

Los incentivos son inútiles

A esta altura del análisis conviene preguntarse entonces ¿los incentivos van a dar resultado?

Qué mejor que revisar la experiencia de los incentivos creados el 2012. Veamos, el Gráfico Nº 1 enseña la evolución de la producción de petróleo en el país desde el año 2006 a septiembre de 2015. En el mismo puede observarse que los incentivos que se han creado el año 2012, a lo sumo han logrado amainar la abrupta caída de la producción pero no la han detenido completamentamente, ni mucho menos han ocasionado que la misma aumente, como sostenía el Decreto Supremo 1202 y decía la publicidad gubernamental.



En efecto, el momento en que se creó el incentivo de 30 dólares la producción de petróleo en el país bordeaba los 4.500 barriles diarios; a septiembre de 2015, según la información disponible del sector, esa producción diaria oscila los 3.500 barriles. Es decir, a pesar de los incentivos la producción sigue disminuyendo.

Además de esta experiencia, la razón de fondo por la cual los incentivos no van a dar resultado es que sin la obligación de trabajar, la exploración de hidrocarburos en el país, especialmente de petróleo, es completamente inexistente. Por eso es importante que las petroleras, independientemente de la existencia de mercados y de los compromisos de exportación, perforen un pozo por parcela, así contribuirían al conocimiento geológico del país y al descubrimiento de nuevos reservorios de petróleo y gas, con lo que se eliminaría la necesidad de otorgarles incentivos.

Por último, otra razón que permite sostener que los incentivos a las petroleras no funcionaran es que los datos de largo plazo enseñan que son las operaciones de la empresa estatal, es decir YPFB, la que más campos productores de petróleo y gas ha descubierto en el país, no así las empresas transnacionales.

En ese marco los incentivos serían más efectivos si se dirigieran, por ejemplo, a YPFB Chaco que, actualmente, es 100% estatal y la que también mayores labores de exploración está realizando hoy.

A manera de conclusión

La única forma de solucionar el problema de la falta de exploración y la escasez de petróleo es obligar a las empresas petroleras a que perforen un pozo por parcela; en caso que las petroleras no quieran hacerlo, las áreas y campos que ahora tienen bajo su control deberían revertirse a favor de YPFB.

Una solución de fondo sería restituir el 6% de participación en la producción a favor de YPFB con el único objetivo de que lo emplee en exploración. Antiguamente YPFB recibía esos montos, que por error la Ley 3058 asignó al Tesoro General del estado. Es hora de enmendar dicho error, si no queremos depender de la voluntad de exploración de las transnacionales petroleras.
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*Ponencia presentada en la XXII Cátedra Libre Marcelo Quiroga “Análisis del Proyecto de Ley de Incentivos Petroleros”, realizada el miércoles 18 de noviembre en el Auditorio Salvador Romero de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA. Publicada en el quincenario Hora 25.

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