13 abril 2016

Los impedimentos para resolver el problema de los discapacitados no tienen nada que ver con la falta de recursos en el Tesoro General del Estado; ni con que el monto que demandan (500 Bs.) sea “exagerado”; ni con que el presupuesto que se requeriría para cubrir esa demanda sería mayor al que reciben algunos departamentos. Tampoco tiene nada que ver con la falta de “sensibilidad” a la que aluden los curas. Veamos:

La Ministra de Salud y el Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
explicando la postura del gobierno. El Deber 10/04/2016  
El Ministro Luis Arce argumentaba: “No podemos destinar un monto mayor al que destinamos a todo un departamento, a sólo un sector”, en referencia a que el bono solicitado implicaría 368 millones de bolivianos, más de lo que reciben las gobernaciones de Pando, Beni y Oruro, y algo similar a lo que recibe Cochabamba.

Con ese argumento el Ministro, que siempre intenta pasarse de listo, compara peras con manzanas y calla que el Estado Plurinacional de Bolivia destina alrededor de 350 millones de bolivianos por año, no a un sector, sino a un par de empresas petroleras, principalmente a la transnacional Repsol (ver aquí), como incentivo por la producción de petróleo. Un incentivo que además no se justifica, entre muchas otras razones (ver aquí), porque implica pagar por el petróleo producido en Bolivia un precio mayor al vigente en el mercado internacional.

Por otro lado, Evo Morales informaba que en 10 años se gastaron 357 millones de dólares en 1.600 escenarios deportivos, eso es un promedio de 248 millones de bolivianos por año. Dinero que no va a impulsar el deporte como quiere creer Morales, ni a sentar presencia del Estado, ni a mejorar la calidad de vida de los campesinos, sino que –como sospecha la mayoría de los supuestamente beneficiados– va a engrosar el bolsillo de los dirigentes y autoridades implicadas, porque en todos los proyectos del programa “Evo Cumple” se incluye una “tajadita” para los mismos.

Con seguridad se pueden mencionar otros ejemplos de gastos dispendiosos y superfluos realizados no sólo por el Gobierno Central, sino por el conjunto de las instituciones estatales. Por ello sostengo que, definitivamente, no es la falta de dinero lo que impide resolver el problema de los discapacitados, es la naturaleza del Estado Boliviano, ahora inútilmente denominado “Plurinacional”

En verdad, tenemos un Estado cuyas instituciones están conformadas para reproducir y ampliar los beneficios de sus elites económicas, así como para favorecer a los grupos de turno que medran del poder político.

La frase que acabo de anotar, puede ser considerada una verdad de Perogrullo, sobre todo porque ha sido dicha y repetida en diversas formas e infinidad de veces en Bolivia, especialmente por quienes cumplen hoy funciones de gobierno. Sin embargo de ser una verdad tan conocida, ello no ha significado que el gobierno del MAS, muy a pesar de la amplia publicidad y de la retórica discursiva de los últimos 10 años, haya dado pasos ciertos para cambiarla.

Perfectamente, podríamos decir que lo de “Estado Plurinacional”, “Revolución Democrática y Cultural”, “Vivir Bien” y otras lindezas de ese estilo, han servido más para cambiar el papel membretado de las instituciones estatales y la forma de vestir de muchos funcionarios del Estado, que para cambiar las tradicionales prioridades del Estado y las asignaciones presupuestarias que le son inherentes.

No, no estoy exagerando.

Primero, baste ver al Viceministro Jaime Duran que, cual autista, va repitiendo que no puede atenderse a los discapacitados porque el Presupuesto General del Estado (PGE) tiene “limitaciones”; incapaz de ver o, peor, sin querer ver que con pequeñas modificaciones al PGE podría satisfacerse la exigencia de los discapacitados. Por ejemplo: podría eliminarse el “incentivo” a las petroleras; también podría eliminarse el gasto en los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM); o mejor, podría eliminarse por completo la publicidad gubernamental y de todas las instancias estatales y circunscribirlas a cumplir labores estrictamente informativas; también podrían eliminarse los actos de entrega de obras y los viajes del Presidente asociados a los mismos; también podría reasignarse el presupuesto del programa Evo Cumple; etc. En fin, el Estado bien podría eliminar muchos gastos superfluos y con los recursos sobrantes resolver rápidamente el problema de los discapacitados.

Segundo, fácilmente se puede comprobar que no se ha pensado en fuentes estructurales y mecanismos de largo plazo que den una solución definitiva a este tipo de problemas. En el caso específico de los discapacitados esto es: desde hacerlos participar en una parte del IDH, por ejemplo en la que corresponde al Fondo Indígena, o a las Universidades o al Ejército, hasta crear nuevos impuestos.

Sobre esto último, ojalá no vayan a crear un impuesto a la coca y aumentar los de la cerveza, pues los cerveceros y los cocaleros no tendrán ningún desparpajo en transferir dichos impuestos al consumidor. En este camino, mejor sería crear un impuesto a la riqueza, uno efectivo a las utilidades de las empresas y, por supuesto, uno a la recepción de ingresos altos; así, los cerveceros, los cocaleros e inclusive las iglesias, sin importar de donde hayan salido sus dineros igual tendrían que pagar uno o dos de estos impuestos. Claro, este tipo de medidas tampoco han sido pensadas por el gobierno.

Tercero, otra cosa que tampoco no se hizo fue cambiar las prioridades del PGE, el mismo que todavía sigue centrado en la construcción de infraestructura y ejecución de proyectos, muchas veces faraónicos y de dudosa efectividad, antes de estar centrado en beneficiar directamente al ser humano. De hecho los últimos 10 años se ha exacerbado lo que yo llamo el neoliberalismo de las obras, es decir, la ejecución de proyectos de infraestructura sin la integralidad necesaria y dejando de lado otros problemas más urgentes.

Reitero, resolver el problema de los discapacitados y de la mayoría de los bolivianos que aún se debate en la pobreza, no tienen nada que ver con la falta de recursos, sino con la discapacidad política de nuestros actuales gobernantes para cambiar la naturaleza del Estado Boliviano.

Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 13 de abril de 2016

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