Ignacio Ramonet
estuvo de paso por Bolivia, seguramente invitado por alguna autoridad nacional,
con el fin de asistir a la realización de las elecciones generales del pasado
12 de octubre. Producto de esa visita plasmó sus impresiones, en un estilo de
crónica de viaje, en la nota titulada: Bolivia
está cambiando. Debo decir que sus impresiones no son precisas y vale la
pena detenerse a analizar algunas de ellas.
Aumento de los Trabajadores por Cuenta Propia
En el primer
párrafo de su crónica, con total desparpajo afirma: “Para el viajero que vuelve a Bolivia […] y camina despacito por las
empinadas calles de La Paz […] los cambios saltan a la vista: ya no se ven
personas mendigando ni vendedores informales pululando por las aceras. Se
percibe que hay pleno empleo”.
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| Ignacio Ramonet |
No sé por qué
calles caminó el señor Ramonet, pero cualquier persona que hoy habite o visite continuamente
(como es mi caso) la ciudad de La Paz, con seguridad tendrá una impresión
contraria, es decir, que los “vendedores informales pululando por las aceras”
han aumentado en vez de disminuir. Más aún, la aglomeración de estos vendedores
es tal, que seguramente muchos tendrán la impresión que han aumentado en la
gestión gubernamental de Evo Morales.
Lo importante
aquí, es que estas últimas impresiones, a diferencia de las de Ramonet, pueden verificarse
no sólo visitando la ciudad de La Paz sino con los datos censales[1]
que, agrupados por actividad económica, en la categoría de “comercio al por
mayor y al por menor” el año 2001 consignaba 69.948 personas y el año 2012 consigna
80.066 personas.
Los mismos datos, clasificados por grupo ocupacional, enseñan que en la categoría de “trabajadores de los servicios y vendedores del comercio” el 2001 estaban consignadas 78.154 personas y el año 2012 alcanzan a 94.631.
Un aumento
similar sucede cuando se agrupan los datos por categoría de empleo, donde el
segmento de “trabajadores por cuenta propia”[2]
consigna 97.512 personas el año 2001 y registra 122.009 el año 2012.
Tengo la
impresión de que el señor Ramonet anduvo por un sinfín de oficinas gubernamentales,
muy bien acompañado y atendido por los burócratas estatales, porque si en
verdad hubiese subido por alguna de las empinadas calles de La Paz, no sólo
hubiese verificado el aumento de los vendedores ambulantes, sino que
posiblemente hubiese llegado a la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, y
hubiese confirmado que ahí la situación es peor.
Estos datos lo
demuestran: según el Censo 2001 en El Alto habían 100.616 personas clasificadas
como “Obrera (o) / Empleada (o)”, y 87.567 como “Trabajadores por cuenta propia”,
se ve claramente que eran más los trabajadores asalariados; para el Censo 2012,
esa situación cambió tanto, que 160.677 trabajadores son clasificados como “Obrera
(o) / Empleada (o)” y 160.798 como “Trabajadores por cuenta propia”. El primer grupo
creció 60% y el segundo 90%.
Esa es la
tendencia predominante en la actual economía boliviana: no sólo mantener sino convertir
a su fuerza de trabajo en “cuentapropistas”[3].
En efecto, si revisamos
los datos correspondientes a todo el país, confirmamos que las personas
clasificadas en la categoría “Obrera (o) / Empleada (o)” han aumentado de 1.161.930 el 2001 a 1.638.239 el 2012; en
tanto en la categoría “Trabajadores por cuenta propia” el aumento ha sido de 1.389.887
el 2001 a 2.085.657 el 2012. El primer grupo aumento 41% y el segundo 50%
La simpleza del “Pleno Empleo”
He enfatizado la
diferencia entre “Obrera (o) / Empleada (o)” y “Trabajadores por cuenta propia”,
porque, por lo general, se asume que los primeros se encuentran en una mejor
situación laboral que los segundos; ya que ellos reciben una remuneración
mensual fija, cuentan con estabilidad laboral, tienen derecho a un seguro de
salud de corto y largo plazo, etc. Sin embargo, es necesario aclarar que, en la
economía boliviana, tener una remuneración mensual no necesariamente implica
contar con estabilidad laboral, seguro de salud, y aportes para jubilación.
El ejemplo más
patético son los “segundamano”, “terceramano” y “guardas” al servicio de los
cooperativistas mineros[4];
luego están los trabajadores de la construcción, casi con la misma
estratificación y trato que los trabajadores de las cooperativas mineras; y también
la infinidad de trabajadores gastronómicos y vendedores de tiendas.
Un dato que
puede establecer con precisión la precariedad de los trabajadores en Bolivia lo
encontramos en el Censo 2012, en el que se preguntó si las personas accedían o
no a un seguro de salud de corto plazo, sea éste público o privado.
El resultado indica
que de las 10.059.856 personas que habitan el país sólo 2.031.669 acceden a un
seguro público y 974.557 a un seguro privado. Es decir, que sólo 3.006.226
bolivianos tiene derecho a un seguro de salud, sea como asegurado directo o como
derechohabiente del mismo; de aquí puede inferirse que el asegurado directo
accede además a un empleo estable y muy posiblemente a un seguro de salud de
largo plazo.
También puede deducirse
que el resto de la población, que son 7.053.630 de bolivianos, están agrupados
en familias que sobreviven produciendo en su parcela, o empleándose en
condiciones de explotación extrema, o vendiendo cualquier chuchería; que por lo
tanto resuelven sus problemas de salud por cuenta propia y, peor, enfrentarán la
vejez también por cuenta propia.
Esta situación no
puede ser calificada, como lo hace Ramonet, como “pleno empleo”; a menos que se
acepte la simpleza neoliberal que consideraba a cualquier actividad de
subsistencia como “empleo”, llegando al extremo que para medirlo, en las
encuestas de hogares y los censos, bastaba con preguntar lo siguiente: “Durante
la semana pasada, ¿trabajó Usted?”.
Si la respuesta
era afirmativa se asumía que esa persona tenía empleo, sin importar si ese
empleo era estable o si brindaba todos los derechos laborales.
Como casi nadie
contestaba que una semana antes no había trabajado, pues la sobrevivencia no
deja tregua y no permite tomarse un día de descanso, el porcentaje de “desempleados”
resultaba bajísimo.
Así se
idealizaba una situación de “pleno empleo”; y así la idealizan hoy los funcionarios
gubernamentales[5],
a los cuales Ramonet parece otorgar credibilidad.
¿A quiénes beneficia el crecimiento económico?
Otra de las
frases controversiales de Ramonet dice: “El
crecimiento económico de Bolivia en estos últimos nueve años, desde que gobierna
Evo Morales, ha sido sensacional, con una tasa promedio del 5% anual... En
2013, el PIB llegó a crecer hasta el 6,8%, y en 2014 y 2015, según las
previsiones del FMI, también será superior al 5%... El porcentaje más elevado
de América Latina. Y todo ello con una inflación moderada y controlada,
inferior al 6%”.
Efectivamente,
la economía boliviana ha crecido en proporciones no vistas desde 1980 y el
comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos corresponde a la
perfección con lo que los economistas neoclásicos consideran una buena
economía.
Sin embargo,
hace mucho tiempo ya que muchos economista, liberales y no liberales, han
demostrado que el crecimiento no es todo. Más aún, han demostrado que un
crecimiento descontrolado y sin redistribución genera más pobreza y socava la
calidad de vida en el largo plazo.
Al respecto, el
poeta Eduardo Galeano ponía el dedo en la llaga cuando escribía: “Dónde se cobra el Ingreso per Cápita? A más
de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras, los numeritos
tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien cuando a la
economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo?”[6]
En Bolivia puede
afirmarse que el actual crecimiento y los “numeritos” que lo reflejan, benefician
más a las elites empresariales que a los trabajadores. Si verificamos cómo se
distribuye el Ingreso Nacional Bruto Disponible (Ver aquí) se comprueba que la Remuneración
al Trabajo ha disminuido, en tanto que han aumentado el Excedente Bruto de
Explotación (que es lo mismo que decir el excedente empresarial) y los
Impuestos Sobre la Producción y las Importaciones.
Esto, en
términos sencillos, significa que el crecimiento económico no está beneficiando
a los trabajadores, pero sí a los empresarios, y a un Estado que vela más por
las elites que por los pobres.
De hecho, el
gobierno de Evo Morales no sólo no ha sido capaz de cambiar o mejorar la
redistribución de los ingresos del país, sino que ni siquiera ha sido capaz de
cambiar las fuentes de ingreso del Estado.
A diferencia de
lo que piensan muchos, los que más
contribuyen a las arcas fiscales no son ni el sector hidrocarburífero, ni el
minero, ni el forestal, son; tampoco lo son los empresarios o, mejor dicho, estos
sí pagan el Impuesto a las Utilidades, pero éste les es acreditado para
descontar el Impuesto a las Transacciones en gestiones futuras[7]. O
sea: no lo pagan.
Así, los únicos
que pagan impuestos y mantienen al Estado Boliviano son los pobladores que no
pertenecen a lo que Ramonet llama la “casta empresarial”; casta que además no
paga impuestos a los ingresos ni a la fortuna.
En conclusión el
crecimiento económico junto con un sistema tributario inequitativo como es el
boliviano, sólo puede beneficiar a las elites.
Otro ejemplo que
demuestra que con Evo Morales les va mejor a las empresas, especialmente
transnacionales, se encuentra en la industria hidrocarburífera. El 2006, año de
la tímida nacionalización, el precio de 1.000 pies cúbicos de gas natural
costaba 3,77 dólares en promedio, de ese monto el Estado recibía 0,68 dólares
(regalías del 18%) y las empresas se quedaban con 3,10 dólares; luego de la nacionalización el Estado recibe
el 50% de la producción por concepto de regalías e IDH, pero el precio del gas
natural ha llegado a más de 10 dólares por millar de pies cúbicos, de los
cuales 5 recibe el Estado y 5 se lo quedan las empresas; es decir, aunque haya
mejorado la participación del Estado, las empresas reciben más dinero hoy que
antes de la nacionalización.
Si los
hidrocarburos realmente son del pueblo boliviano, ¿no sería más acertado
otorgar a las empresas petroleras una utilidad razonable (máximo 10%) y el
resto apropiarlo para el Estado? O mejor: ¿no hubiese sido preferible hacer una
nacionalización completa como en el sector eléctrico, y así apropiar para el
Estado todos los beneficios que reportase la industria petrolera?
Además de lo
anotado, si tomamos en cuenta que en la industria minera, en las actividades de
explotación forestal y en la industria en general, no ha habido ningún cambio
tributario sustancial y mucho menos pasos serios en pos de nacionalizarlas,
bien podríamos decir, parafraseando a Ramonet, que el crecimiento económico “ha
sido sensacional” sólo para las élites empresariales.
La pobreza no se vence con centavos
Otra afirmación
poco informada de Ramonet indica que: “más de un millón de bolivianos (o sea,
el 10% de la población) han salido de la pobreza”. Aquí Ramonet no está más que
repitiendo la publicidad gubernamental respecto a que en el país se está derrotando
a la “pobreza extrema”.
El problema aquí,
radica en que los funcionarios gubernamentales y el propio Evo Morales asumen
como “pobreza extrema” lo definido para
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); a saber “personas cuyos ingresos sean inferiores a un
dólar al día”[8].
Dicho de otro modo, las personas que obtienen algunos centavos por encima del
dólar diario, según este criterio, estarían por encima de la línea de “pobreza
extrema”.
Dudo que se
pueda encontrar actualmente algún economista o político capaz de defender esta
forma de medir la pobreza y, especialmente, al indicador de “un dólar por día”.
Es que su fundamentación y la técnica para medirlo son tan endebles que ya
Atilio Boron señalaba que “responde a una concepción teórica de la pobreza
burdamente economicista, que no por casualidad desarrollaron los técnicos
vinculados al Banco Mundial”[9]. Igualmente,
en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se criticó
este enfoque, motivo por el cual modificaron la forma de medir y monitorear este
ODM[10].
En Bolivia, en
cambio, las instituciones oficiales continúan midiendo la extrema pobreza con
el enfoque del Banco Mundial, sin siquiera criticarlo o modularlo. El
presidente y el vicepresidente, así como los ministros y otras autoridades
gubernamentales la publicitan y utilizan sin percatarse de sus implicaciones;
tanto es así que la “erradicación de la extrema pobreza” es el primer objetivo
de la “Agenda Patriótica”[11] que
se han propuesto lograr hasta el 2025; lo que, desde mi punto de vista, no sólo
es “burdamente economicista”, sino políticamente miserable y totalmente mezquino
como objetivo de desarrollo.
A manera de epílogo
En la nota de
Ramonet existen otras afirmaciones, muchas de ellas lisonjas a Evo Morales y a algunos
de sus ministros, que seguramente necesitarían algunas líneas para mostrar lo
desfasadas o erradas que están; sin embargo, con lo dicho hasta aquí pienso que
es suficiente para mostrar que el actual proceso que vive Bolivia muy difícilmente
puede ser calificado de “sensacional” y, por mucho que pese a la
intelectualidad de izquierda nacional e internacional, mucho menos puede calificarse de progresista o
revolucionario.
Por ello, siento
mucho que Ignacio Ramonet, una persona generalmente bien informada sobre las
luchas sociales del mundo y los gobiernos progresistas, en esta ocasión, cual
viajero despistado, ofrezca impresiones que no condicen con la realidad actual
de Bolivia. Da pena decirlo, pero sus opiniones sobre Bolivia condicen más con
la de un acolito del partido gobernante y de Evo Morales, que con la de un
periodista que verifica y contrasta sus fuentes; o con la de una persona
comprometida con los objetivos y luchas de los pobres y explotados de Bolivia y
el mundo que, precisamente por ello, investiga una situación con mayor
acuciosidad o escudriña al detalle lo que los detentadores del poder político
le dicen.
[2] En Bolivia, en las áreas urbanas, como es el caso de La Paz, está categoría significa mayoritariamente vendedores ambulantes; en las áreas rurales significa pequeño productor campesino.
[3] En la década de los 90, los funcionarios de los organismos multilaterales y los teóricos neoliberales denominaron a este grupo como “microempresarios”, de esa manera el eufemismo sirvió para ocultar la precarización de la fuerza laboral juvenil, especialmente femenina. Hoy, ese proceso, continúa y los funcionarios gubernamentales continúan usando el eufemismo sin ningún reparo.
[4] En Bolivia la denominación de “Cooperativa minera”, en realidad, sirve para ocultar a empresarios mineros (que no actúan como cooperativistas, ni trabajan directamente la mina) que contratan a destajo a quienes trabajan directamente en la mina (llamados “segundamano”). Cuando los precios de los minerales son elevados o la veta a explotarse es promisoria, los “segundamano” contratan a otros trabajadores, que vienen a ser los “terceramano”, con el fin de que les ayuden en la explotación. Además, en cada bocamina los “cooperativistas mineros” han habilitado un cuchitril, que es asignado a una mujer a cambio de que la misma guarde las herramientas de los mineros (de ahí la denominación de “guarda”). Esta mujer, es decir no recibe sueldo ni ninguna remuneración en efectivo; por ello la “guarda” sobrevive y mantiene a su familia montando una pequeña tienda y/o alimentando a los mineros, de quienes también soporta el acoso sexual permanente. Por supuesto, ninguno de estos trabajadores goza de estabilidad laboral ni otros beneficios laborales. Mayor información sobre este problema puede encontrarse en: Michard, Jocelyn; 2008. “Cooperativas Mineras en Bolivia. Formas de Organización, Producción y Comercialización”. Cochabamba, CEDIB
[7] Rodríguez Cáceres, Gustavo; 2014. “En Bolivia, ni las empresas pagan impuestos, ni el sector hidrocarburífero es el que más contribuye”
[8] Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio; 2013. “Séptimo informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia”
[9] Boron, Atilio; 2005. Prólogo. En: “Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología” Ruth Sautu y otros. Buenos Aires, CLACSO.
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