En todos los países latinoamericanos productores de hidrocarburos la información sobre las reservas hidrocarburíferas es administrada de forma seria y transparente. En todos ellos cualquier operador de la industria, un inversionista, un investigador, un dirigente indígena, un gobernante regional pueden acceder a la información por cuenca, yacimiento, campo, empresa operadora, región, provincia y/o departamento, sin ningún problema o trámite alguno. Existen diferencias, es cierto, pero son diferencias que mejoran o especifican aún más dicha información.
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| Foto: Archivo ANF |
En México, por ejemplo, además de los aspectos acabados de mencionar, consignan una justificación de la metodología utilizada para cuantificar las reservas, y realizan un análisis prospectivo sobre el cual respaldan sus decisiones. En Argentina se cuenta con dos estimaciones, una hasta el final de la concesión otorgada a la empresa operadora y otra hasta el agotamiento total de cada uno de los yacimientos, lo que quiere decir que además tienen calculado el ritmo de explotación por reservorio. En Venezuela, se clasifican las reservas según la calidad de hidrocarburos que contienen los yacimientos: condensando, liviano, mediano, pesado y extrapesado, lo que les permite decidir de mejor manera la explotación de los mismos. En Perú y en Brasil, consignan el aumento o disminución de las reservas en cada reservorio. En Colombia existe el “Sistema de información de Petróleo y Gas Colombiano”, en el que se puede encontrar series estadísticas detalladas desde 1985 y generales desde 1921.
La calidad de la información que acabamos de referir está mostrando la responsabilidad en la gestión pública de reservas hidrocarburíferas. No es de extrañar. La administración de reservas de hidrocarburos es el núcleo de toda industria petrolera; determina las principales tendencias económicas y políticas del ámbito internacional y, por supuesto, las políticas nacionales; define también los objetivos y los planes de las empresas, sean públicas o privadas. En fin, determina el accionar de todos los actores relacionados con la industria.
En Bolivia, una vez privatizada la industria petrolera, los informes sobre reservas se redujeron a la presentación de las cifras por campo, operador y departamento, y nada más; ni un análisis prospectivo, ni una justificación metodológica acompañaban estos informes. Hoy sabemos que esas cifras eran falsas; que las decisiones asumidas con base en ellas fueron equívocas sino erradas; que los kilómetros de líneas escritas y las toneladas de tinta vertida, a favor o en contra de las mismas, fueron vanas.
Era de esperar que los aires nacionalizadores transformaran esta situación, sensiblemente, la información sobre las reservas está más deficiente cada día. Me explicó. El Ministro de Hidrocarburos y el Presidente de YPFB en vez de presentar un informe de reservas debidamente sustentado, se limitaron a anunciar que el país cuenta con 9,94 TCF de gas natural, cifra dudosa en tanto no se aclare con qué metodología se hizo la cuantificación. No se ha brindado una explicación plausible del descenso, ni se ha identificado los campos en los que sucedió el mismo. No existe la información por campo, operador y departamento, ¿Sigue Tarija siendo el departamento con mayores reservas, en qué proporción? Tampoco se ha explicado las decisiones asumidas y prioridades determinas en la administración de las reservas bolivianas, ¿Cuándo, cuánto y de qué campos se extraerá el gas natural destinado a la industrialización?
Simplemente, toda la información sobre las reservas de hidrocarburos en Bolivia, es hasta la fecha celosamente guardada por las autoridades del sector. Contrariamente a lo estipulado en el Decreto Supremo 29219 del 08 de agosto de 2007: “Los resultados de la Certificación Anual de Reservas deberán ser publicados oficialmente por YPFB en su página web y en medios de prensa de circulación y difusión nacional, tan pronto estén disponibles”.
En ese marco, no me explico con base en que información pueden las gobernaciones hacer sus planes de desarrollo; los indígenas exigir y defender sus derechos; los medios de comunicación y sus analistas informar al público; la infinidad de organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el tema ejecutar sus proyectos; las empresas de servicios petroleros ampliar y/o reducir su capacidad operativa; los nuevos inversionistas que tanto anhela el gobierno, tomar sus decisiones, etc.
Insisto en la transparencia y disposición pública de esta información porque, además de permitir que todos los involucrados tomen decisiones informadas, se constituye en la base sobre la cual se puede construir una política hidrocarburífera de largo plazo. Es que las políticas de validez nacional y vigencia duradera no son dictadas por unas cuantas autoridades, muy letradas o no, por el contrario, siempre son políticas paridas colectivamente; unas veces en franca y abierta lucha, otras en tensa calma, pero siempre con el involucramiento de todos los sectores.
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