A cinco años de aplicada la “nacionalización del siglo XXI”, según sus propugnadores, una medida “inteligente y moderna” porque no expropiaba a los capitalistas extranjeros, como lo habían hecho las otras nacionalizaciones en Bolivia, es justo preguntarse si: ¿YPFB Corporación puede disponer que las empresas petroleras exploren en zonas con mayor probabilidad de encontrar reservorios de petróleo antes que de gas natural, y así orientar las operaciones de la industria en pos de satisfacer los requerimientos de combustibles en el mercado interno? ¿Puede cambiar la prelación otorgada a la exportación de gas natural y hacer prevalecer la urgencia de autoabastecer el mercado interno y la conveniencia de industrializar los hidrocarburos?
Sensiblemente, no lo puede hacer. Porque quienes aún tienen el control y detentan el poder de decisión en la industria hidrocarburífera boliviana son las transnacionales petroleras. Ellas son las que deciden qué zonas explorar y en cuánto tiempo hacerlo; qué y cuándo explotar un reservorio, cuánto producir y a qué precio, inclusive deciden para qué mercado producir. Sucede así porque los “contratos de servicios” establecen que las operaciones petroleras se realicen a “exclusiva cuenta y riesgo” de las transnacionales; ellas ponen el capital y lógicamente eso les da derecho a decidir el alcance de las operaciones y controlar su ejecución.
Que las petroleras presenten sus planes y programas de trabajo para que YPFB Corporación “los autorice”, sólo es un trámite burocrático para aparentar un control estatal que no existe, máxime si en la “Corporación” no hay el personal técnico ni el equipamiento necesario para evaluar dichos programas; o peor, suponiendo que estas condiciones existieran, no hay la suficiente preeminencia estatal en la industria ni la decisión política necesaria capaz de rechazar y observar dichos planes.
Ciertamente, el Estado posee el 100% de las acciones de Chaco y el 50% +1 de las acciones de Andina; esto le confiere a YPFB el poder de decisión y el control en dichas empresas, aunque en el caso de Andina sumamente relativizada, no sólo porque la otra parte del paquete accionario lo posee Repsol, sino porque merced a un acuerdo de administración con ésta, las decisiones se toman también en conjunto. Además, este poder de decisión y control se circunscribe a una quinta parte de las actividades de exploración y explotación petrolera en el país, con la agravante que Chaco tiene a su cargo la mayoría de los campos en declinación.
Esta situación impide también cambiar la orientación claramente exportadora de la industria y de la política hidrocarburífera. Lo grave es que los promotores y ejecutores de la “nacionalización inteligente” se felicitan porque así sea, sin darse cuenta que de tanto exportar gas han convertido al país en importador de combustibles y, según sus declaraciones, muy pronto lo convertirán en importador de petróleo. Ni hablar de la industrialización, ahora que las reservas se han visto reducidas, con seguridad que se honrará los contratos de exportación antes que los requerimientos de una posible industrialización.
En estas condiciones, que la Constitución, las leyes, los decretos y los contratos estipulen que los hidrocarburos son propiedad del pueblo boliviano, que el autoabastecimiento del mercado interno es una prioridad al igual que la industrialización, sin cambiar la preeminencia otorgada al mercado externo, sin eliminar la preeminencia del capital extranjero, sin establecer los mecanismos para que YPFB pueda capitalizarse u olvidando asignarle recursos que le permitan operar en la industria, o peor, impidiéndole participar de la renta petrolera que las gobernaciones, municipios y universidades dilapidan, no es una “nacionalización inteligente”, a lo sumo es una nacionalización impotente.
0 comentarios :
Publicar un comentario