En su ligereza el vicepresidente se ha referido a la “porosidad” y “gelatinosidad” de los informes, a la “gente incapaz” que ha realizado los mismos, al “mal manejo” que hubo en la ejecución de las auditorías, entre otros adjetivos y frases descalificadoras. Sensiblemente, no podemos corroborar ninguna de ellas, porque la determinación gubernamental ha sido y es esconder esos informes. Un mínimo de honestidad intelectual por parte del vicepresidente, pero sobre todo una actitud de transparente actuación del gobierno en esta materia, debería obligarlos a mostrar y hacer públicos los informes de auditoría que ahora desacreditan.
Por supuesto, fácil es descalificar la información, el análisis y la crítica recurriendo a adjetivos, pero sin mostrar una sola evidencia; más fácil es la descalificación cuando la información desacreditada está oculta, como es el caso de estas auditorías a las petroleras; y más fácil aún, cuando el desacreditado está muerto, como es el caso de Don Enrique Mariaca que tuvo a bien dirigir y culminar dichas auditorías. Además, es bien sabido que cuando la adjetivación se impone el argumento no existe, en mi criterio, sólo esto es lo que enseña el desparpajo del vicepresidente, y esto es lo que debería preocupar a todos los bolivianos, porque: ¿Qué habrán encontrado las auditorías que hacen que un “connotado intelectual” como el vicepresidente no tenga argumentos y sólo adjetivos contra ellas? ¿Por qué el gobierno oculta las mismas con tanto empeño?
Pero, asumamos por un momento, que la preocupación del vicepresidente por la seriedad académica y solvencia técnica de los trabajos realizados en el marco de la nacionalización de hidrocarburos es sincera, entonces: ¿Por qué no aplica la misma rigurosidad para con los suyos? O no está informado que la gelatinosa nacionalización ha dejado el 82% de las reservas hidrocarburíferas en manos de las transnacionales; más grave aún, no está informado que el Plan de Inversiones de YPFB 2009 – 2015, al margen de su “porosidad” financiera, pretende convertir al país en importador de petróleo crudo.
Sólo estos dos ejemplos, de los muchos que hay, muestran la falta de seriedad del gobierno con la nacionalización y la insolvencia política y técnica de los personeros de YPFB para encarar el desarrollo de la industria petrolera en el país. Esta conclusión no es gratuita, a diferencia de las adjetivaciones del vicepresidente, puede confirmarse revisando los datos estadísticos de YPFB, los documentos y la normativa emitida los últimos años, y los problemas de desabastecimiento que los bolivianos enfrentamos cada día. Tristemente, todo indica que la “gente incapaz”, a la que parece despreciar tanto el vicepresidente, está actualmente del lado del gobierno y no de quienes realizaron las auditorías.
No obstante, me resisto a pensar que García Linera este parangonando al burro hablando de orejas; me temo que su exabrupto con las auditorías y con Mariaca significa algo peor: su respaldo total y ciego a los (en precisión) tontos de conveniencia, que actualmente están dirigiendo la nacionalización y la refundación de YPFB; y que con seguridad hacen todo lo posible y, de ser necesario, harán hasta lo imposible por truncar la recuperación de los hidrocarburos en Bolivia.
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