24 octubre 2017

Caricatura de Hugo Alberto Díaz (Hunadi). Periodíco La Nación. Argentina
El lunes 16 y el viernes 20 de octubre Página Siete ha publicado un artículo y un editorial respectivamente, sobre los 110 años de expectativa de vida que se aplica en la fórmula de cálculo de pensión en Bolivia. Sin duda, es importante que un medio como Página Siete preste atención a esta irracional forma de calcular una pensión y difunda los perjuicios que ocasiona a todos los jubilados; sin embargo, debo advertir que el artículo y el editorial se basan en información errada.

La información errada dice: “hay que entender que la expectativa es del grupo familiar y no de la persona. Pensar que en Bolivia se vivirá 110 años no es posible”, frase transcrita —según informa el periódico— de un comunicado de BBVA Previsión. Comunicado que permite afirmar a la periodista que redactó el artículo “que la probable longevidad se calcula a base de la expectativa de vida de la esposa o de los hijos que serán los derechohabientes del jubilado”, que en “casos extremos la expectativa de vida del aportante puede llegar hasta 140 años, [pero] sólo se calcula hasta los 110,9, por norma”, que “para los jubilados que no tienen el grupo familiar ni derechohabientes, la expectativa de longevidad no supera los 99 años”.

A partir de esta sucesión de ideas, y seguramente también basado en el comunicado de la AFP, el o la editorialista de Página Siete asume que: “Cuando el jubilado está casado con una persona más saludable y joven o tiene hijos que son beneficiarios, la APS autoriza a calcular la vida de la persona en 110 años”.

No. No es que la expectativa de vida del titular de la pensión y de sus derechohabientes se suma hasta un límite de 110 años, ni tampoco sucede que para una persona sin derechohabientes se calcula la pensión con una menor esperanza de vida. En realidad, en el modelo financiero-actuarial con que se calcula una pensión de vejez en Bolivia, aplica una esperanza de vida de 110 años al titular de una pensión y a su cónyuge por separado.

La parte matemática del modelo esta consignada en la Resolución Administrativa SPVS-P N° 132/2003, aquí permítanme explicarlo con algunos ejemplos:

Si él o la titular de una pensión tiene 60 años y no tiene derechohabientes, la fórmula distribuye el capital acumulado por ese titular por el lapso de 50 años; distribución que se hace de manera decreciente, los montos mayores para los primeros años y los menores para los últimos años, esto porque el dinero continua ganado interés, de tal manera que si la AFP tiene que pagar 1.000 Bolivianos de aquí a 10 años, no es necesario reservar esos 1.000, será suficiente con un monto menor que será completado con el interés que gane dicho dinero.

El primer problema está en que según el modelo de cálculo las mujeres son las que tienen mayor probabilidad de llegar a los 110 años o, al menos, las que van a llegar a edades mayores que los hombres, razón por la cual están obligadas a reservar más dinero que éstos, y por ende a recibir un monto de pensión entre un 10% y 12% menor al que reciben los varones.

El segundo problema está en que nadie vive hasta los 110 años, en Bolivia solo una persona de cada 100 rebasa los 80 años; de hecho, aplicar una expectativa de vida de 80 implicaría un aumento del 10% al 20% en el monto de pensión de todos los jubilados.

Siendo así ¿por qué exagerar la longevidad hasta los 110 años? Aquí viene el tercer problema. Si el asegurado de nuestro ejemplo fallece a los 80 años, habría cobrado o —dicho en precisión— habría recuperado el capital correspondiente solo a 20 de los 50 años que el sistema le obliga a reservar. ¿Qué sucede con los restantes 30 años que nadie recuperará en vista de no haber derechohabientes? Ese capital, más los interés ganados es confiscado por el sistema y enviado al fondo común; es decir, cuando el jubilado está vivo no le permiten recuperar su capital por medio de mayores montos de pensión y cuando fallece el dinero que resta ni siquiera se vuelve herencia.

Pongamos otro ejemplo, supongamos que el titular de una pensión es un varón de 60 años y su cónyuge una mujer de 50 años. Matemáticamente, se hace correr la fórmula para cada uno hasta los 110 años, es decir, en el caso del varón por 50 años y en el caso de la mujer por 60 años; luego se aplica la fórmula partiendo de la edad promedio de ambos, es decir 55 años, pero igual hasta los 110 años del titular; este último resultado se resta al del cónyuge y el saldo se suma al del titular.

Esta forma de realizar el cálculo implica que el titular tiene que reservar más dinero —para él y para su cónyuge que probablemente le sobrevivirá— para cada mes y para cada año de todos los años que le restan para llegar a los 110; esto indefectiblemente baja los montos de pensión. De acuerdo al modelo matemático con que funciona el sistema, los montos de pensión bajan en un rango del 25% al 40% si la diferencia entre el titular y el cónyuge es de 5 a 15 años, respectivamente.

Por otro lado, incluir en el cálculo al cónyuge implica que él o la misma cobrarán una pensión una vez fallezca el titular. En nuestro ejemplo, si el titular fallece a los 80 años, la esposa contará con 70 años y podrá cobrar la pensión hasta que fallezca, de todas maneras, igual sobraría dinero: dinero que también será confiscado. De hecho, sería muy raro encontrar casos en los que el cónyuge cobraría hasta equiparar lo reservado para los 110 años.

Existe más letra chica —y además oculta— en la fórmula de cálculo de una pensión que valdría la pena analizar aquí, pero con lo dicho hasta aquí es suficiente para preguntar ¿Por qué BBVA Previsión ha brindado información errada a Página Siete? Teniendo en cuenta la sistemática prohibición gubernamental para que las AFP brinden información, prefiero pensar que él o los funcionarios de BBVA Previsión que han elaborado el comunicado están mintiendo con descaró; la otra posibilidad, teniendo en cuenta el retraso recurrente para migrar a la Gestora Pública de Pensiones y la excesiva movilidad laboral que en los últimos años ha habido en las AFP, es asumir que los actuales funcionarios no conocen con precisión el modelo matemático con que funciona el sistema que administran…, sólo pensar esta posibilidad me da escalofrío.

Por Gustavo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, Bolivia

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