El Fondo de crédito a favor de
los agroempresarios, que el gobierno propone implementar con recursos de los Fondos
de Pensión, a pesar del engreimiento y el vano alarde de erudición financiera
con el que lo han defendido el Ministro de Economía y el Viceministro de Pensiones,
tiene serios defectos. El mayor de ellos, desde mi punto de vista, tiene que
ver con la parte denominada “inversión de cobertura”.
La propuesta del gobierno tiene
dos partes: una crediticia y otra para inversión de cobertura (Ver Gráfico N°
1). Muchos autores ya han llamado la atención sobre las implicaciones de la
parte crediticia y sus riesgos (por ejemplo, ver aquí), pero vale la pena
también, prestar atención a lo que, en la propuesta gubernamental, significa “inversión
de cobertura” y lo que implica para todos los asegurado al sistema de pensiones
boliviano.
De acuerdo con las explicaciones
del Ministro Luis Arce y el Viceministro Mario Guillen 50 de los 150 millones
de dólares que serán extraídos de los Fondos de Pensión, serán invertidos en
valores de oferta pública de bajo riesgo —sorpréndase amiga y amigo lector— al
igual que lo hacen las AFP.
En efecto, las AFP ya invierten
el dinero de los trabajadores en el mercado financiero, mercado en el cual —los
últimos 10 años— han obtenido una rentabilidad nominal promedio del 7,18% la
AFP Previsión BBVA, y del 7,22% la AFP Futuro de Bolivia. Es decir, sin la
intervención del gobierno, las AFP ya obtienen una rentabilidad promedio mayor
al 5% proyectado por el gobierno. (ver Gráfico N° 2)
En valores absolutos, la
propuesta diseñada por los funcionarios del MEFP pretende invertir 50 millones
de dólares para lograr un rendimiento de 40 millones en 12 años; cuando las AFP
han logrado, en el pasado y en un lapso de tiempo similar al proyectado por el
gobierno, obtener un rendimiento de 65 millones de dólares por cada 50 millones
invertidos; además, de seguro podrían volver a lograrlo a futuro, debido a que, las condiciones económico-financieras del país impulsan el alza de
las tasas de interés.
Entonces ¿Por qué el gobierno
nacional decide crear un Fondo para Productores, que invertirá el dinero de la
misma forma en que lo hacen las AFP y en los mismos tipos de instrumentos
financieros?
La explicación está en que los
rendimientos obtenidos por el Fondo para Productores, de acuerdo al diseño
presentado por el gobierno, servirá —en primera instancia— para cubrir (léase
encubrir) la mora y la cartera incobrable que dejen las operaciones crediticias
que se hagan con dicho Fondo, por eso lo han denominado como “inversión de
cobertura”; sólo en segunda instancia —y si queda un saldo— los rendimientos
que reporte esa parte del Fondo irán en beneficio de los aportantes a los
Fondos de Pensión.
Esto a diferencia de lo que
acontece hoy, dónde los rendimientos obtenidos en los Fondos de Pensión
administrados por las AFP benefician directamente a los asegurados que ven
aumentar su capital acumulado, aunque sea de manera ínfima, en sus cuentas de ahorro
previsional.
El único sentido que tiene esta
parte de la disposición gubernamental, sin lugar a dudas, es utilizar el ahorro
previsional de los trabajadores y los rendimientos que genere la inversión de
los mismos, para garantizar los créditos a otorgarse a micro, pequeños y
medianos productores agrícolas.
Por esta razón, soy un convencido de que el gobierno está quebrantando la Ley de Pensiones N° 65. La misma, claramente indica que hasta el 5% del Fondo puede "ser invertido en Valores o Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y medianas empresas, constituidas legalmente en el país", en ningún momento autoriza a que ese dinero, aunque sea una pequeñísima parte, pueda ser utilizado para garantizar créditos de dudosa solvencia.
Aunque fuercen la Ley o emitan un decreto, en mi criterio la acción gubernamental significa una malversación de los ahorros previsionales de los trabajadores y una confiscación de los rendimientos financieros a los que tienen derecho.
La única forma en que esta acción
no perjudicaría a los asegurados, sería que los agroempresarios devuelvan todo
el dinero prestado más los intereses pactados, lo que a todas luces es
imposible, máxime si tomamos en cuenta el historial crediticio de los
agricultores y de las operaciones financieras sin calificación de riesgo.
Los funcionarios gubernamentales, también han señalado que es poco dinero y que no se pone en riesgo a los Fondos de Pensión. Aquí cabe preguntarse ¿poco, respecto de qué? Respecto de la totalidad del sistema de pensiones 150 millones de dólares no es más del 1%, pero, respecto a, por ejemplo, el promedio de pensión de vejez solidaria (1.945 Bs.) significan el pago mensual más su aguinaldo correspondiente a 3.441 personas durante 12 años. Esto sin tomar en cuenta los intereses que dicho dinero puede genera al ser invertidos por las AFP sin necesidad de ser retirados para mantener una riesgosa línea de crédito blando a favor de los agroempresarios.
No sé si debido a su mirada
obtusa o por conveniencia política, para el Ministro de Economía el 1% del Fondo
de Pensiones es casi nada; no obstante, el problema no tiene nada que ver con
si es mucho o es poco, tiene que ver con la utilización correcta y adecuada de
los ahorros de los trabajadores.
A este respecto la situación puede ser peor. De acuerdo con las palabras del Viceministro Guillén, “el camino está abierto” y están dispuestos a “seguir haciéndolo”, así que no me cabe duda que llegaran a disponer —sin calificación de riesgo, con serias señales de malversación y confiscación— hasta el 5% que señala la Ley, que actualmente equivalen a 750 millones de dólares.
Me preocupa que, si la
situación presupuestaria del gobierno apremia y los deudos del actual gobierno presionan ¿qué o quién asegura que no cambiaran la Ley y no irán por más?
Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 08 de febrero de 2017
Queria saber ointroducirme massobre esta informacion
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