08 febrero 2017

El Fondo de crédito a favor de los agroempresarios, que el gobierno propone implementar con recursos de los Fondos de Pensión, a pesar del engreimiento y el vano alarde de erudición financiera con el que lo han defendido el Ministro de Economía y el Viceministro de Pensiones, tiene serios defectos. El mayor de ellos, desde mi punto de vista, tiene que ver con la parte denominada “inversión de cobertura”.

La propuesta del gobierno tiene dos partes: una crediticia y otra para inversión de cobertura (Ver Gráfico N° 1). Muchos autores ya han llamado la atención sobre las implicaciones de la parte crediticia y sus riesgos (por ejemplo, ver aquí), pero vale la pena también, prestar atención a lo que, en la propuesta gubernamental, significa “inversión de cobertura” y lo que implica para todos los asegurado al sistema de pensiones boliviano.


De acuerdo con las explicaciones del Ministro Luis Arce y el Viceministro Mario Guillen 50 de los 150 millones de dólares que serán extraídos de los Fondos de Pensión, serán invertidos en valores de oferta pública de bajo riesgo —sorpréndase amiga y amigo lector— al igual que lo hacen las AFP.

En efecto, las AFP ya invierten el dinero de los trabajadores en el mercado financiero, mercado en el cual —los últimos 10 años— han obtenido una rentabilidad nominal promedio del 7,18% la AFP Previsión BBVA, y del 7,22% la AFP Futuro de Bolivia. Es decir, sin la intervención del gobierno, las AFP ya obtienen una rentabilidad promedio mayor al 5% proyectado por el gobierno. (ver Gráfico N° 2)


En valores absolutos, la propuesta diseñada por los funcionarios del MEFP pretende invertir 50 millones de dólares para lograr un rendimiento de 40 millones en 12 años; cuando las AFP han logrado, en el pasado y en un lapso de tiempo similar al proyectado por el gobierno, obtener un rendimiento de 65 millones de dólares por cada 50 millones invertidos; además, de seguro podrían volver a lograrlo a futuro, debido a que, las condiciones económico-financieras del país impulsan el alza de las tasas de interés.

Entonces ¿Por qué el gobierno nacional decide crear un Fondo para Productores, que invertirá el dinero de la misma forma en que lo hacen las AFP y en los mismos tipos de instrumentos financieros?

La explicación está en que los rendimientos obtenidos por el Fondo para Productores, de acuerdo al diseño presentado por el gobierno, servirá —en primera instancia— para cubrir (léase encubrir) la mora y la cartera incobrable que dejen las operaciones crediticias que se hagan con dicho Fondo, por eso lo han denominado como “inversión de cobertura”; sólo en segunda instancia —y si queda un saldo— los rendimientos que reporte esa parte del Fondo irán en beneficio de los aportantes a los Fondos de Pensión.

Esto a diferencia de lo que acontece hoy, dónde los rendimientos obtenidos en los Fondos de Pensión administrados por las AFP benefician directamente a los asegurados que ven aumentar su capital acumulado, aunque sea de manera ínfima, en sus cuentas de ahorro previsional.

El único sentido que tiene esta parte de la disposición gubernamental, sin lugar a dudas, es utilizar el ahorro previsional de los trabajadores y los rendimientos que genere la inversión de los mismos, para garantizar los créditos a otorgarse a micro, pequeños y medianos productores agrícolas.

Por esta razón, soy un convencido de que el gobierno está quebrantando la Ley de Pensiones N° 65. La misma, claramente indica que hasta el 5% del Fondo puede "ser invertido en Valores o Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y medianas empresas, constituidas legalmente en el país", en ningún momento autoriza a que ese dinero, aunque sea una pequeñísima parte,  pueda ser utilizado para garantizar créditos de dudosa solvencia.

Aunque fuercen la Ley o emitan un decreto, en mi criterio la acción gubernamental significa una malversación de los ahorros previsionales de los trabajadores y una confiscación de los rendimientos financieros a los que tienen derecho. De hecho habría que consultar con los abogados especialistas en la materia, si este tipo de acciones pueden ser tipificados como delito o no.

La única forma en que esta acción no perjudicaría a los asegurados, sería que los agroempresarios devuelvan todo el dinero prestado más los intereses pactados, lo que a todas luces es imposible, máxime si tomamos en cuenta el historial crediticio de los agricultores y de las operaciones financieras sin calificación de riesgo. 














Los funcionarios gubernamentales, también han señalado que es poco dinero y que no se pone en riesgo a los Fondos de Pensión. Aquí cabe preguntarse ¿poco, respecto de qué? Respecto de la totalidad del sistema de pensiones 150 millones de dólares no es más del 1%, pero, respecto a, por ejemplo, el promedio de pensión de vejez solidaria (1.945 Bs.) significan el pago mensual más su aguinaldo correspondiente a 3.441 personas durante 12 años. Esto sin tomar en cuenta los intereses que dicho dinero puede genera al ser invertidos por las AFP sin necesidad de ser retirados para mantener una riesgosa línea de crédito blando a favor de los agroempresarios.

No sé si debido a su mirada obtusa o por conveniencia política, para el Ministro de Economía el 1% del Fondo de Pensiones es casi nada; no obstante, el problema no tiene nada que ver con si es mucho o es poco, tiene que ver con la utilización correcta y adecuada de los ahorros de los trabajadores. 

A este respecto la situación puede ser peor. De acuerdo con las palabras del Viceministro Guillén, “el camino está abierto” y están dispuestos a “seguir haciéndolo”, así que no me cabe duda que llegaran a disponer —sin calificación de riesgo, con serias señales de malversación y confiscación— hasta el 5% que señala la Ley, que actualmente equivalen a 750 millones de dólares.

Me preocupa que, si la situación presupuestaria del gobierno apremia y los deudos del actual gobierno presionan ¿qué o quién asegura que no cambiaran la Ley y no irán por más?

Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 08 de febrero de 2017

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