08 abril 2015

El 18 de abril de 2012, el gobierno promulgaba el Decreto Supremo 1202, por medio del cual se creaba un incentivo a favor de las empresas productoras de petróleo, consistente en otorgar 30 dólares adicionales a los 27,11 dólares que se les paga por cada barril de petróleo.

En su momento llamamos la atención sobre lo que considerábamos eran los errores técnico-económicos de dicho decreto (ver aquí) y los desaciertos cometidos en su aplicación (ver aquí). Con estos antecedentes, a tres años de la aplicación del decreto es necesario preguntarse por sus resultados y verificar si el mismo ha logrado sus objetivos.

A dos meses de aplicación del decreto, Rolando Mendoza, en ese entonces Director de Desarrollo y Producción sostenía que: “El Decreto Supremo 1202 ha tenido buena acogida en el sector petrolero y se verá reflejado en mayor inversión y actividades que incrementen la producción de crudo pesado en el segundo semestre de 2012 y en los años siguientes”. Este mismo personero, en mayo de 2013, en la revista Gas & Desarrollo. Análisis y Perspectivas informaba que el incentivo “permite estimar una producción adicional cercana a los 2.000 barriles por día para el 2013”.

¿Se han cumplido estas previsiones? De acuerdo a los datos oficiales de YPFB el año 2011 la producción promedio de petróleo fue de 4.800 barriles por día; entre los meses de enero y marzo de 2012, previamente a aplicarse el incentivo, fue de 4.710 barriles por día; sin embargo, el 2012 concluyó con una producción promedio diaria de 4.630 barriles. El 2013 ese promedio fue de 5.140, y el 2014 de 5.230.

Es decir, que la producción de petróleo, una vez aplicado el incentivo, sólo aumentó entre 400 y 500 barriles, si tomamos en cuenta el promedio por día de los meses previos al incentivo, y menos aún si tomamos en cuenta el promedio de producción diaria de 2011.

Estos resultados están lejos, muy lejos de los 2.000 o más que los personeros de YPFB esperaban.

La situación se agrava si tomamos en cuenta los reportes diarios de producción publicados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), de acuerdo con estos datos, el año 2014 y lo que va del 2015 la producción de petróleo, prácticamente, no rebasó los 5.000 barriles por día (ver gráfico).


De hecho, según dichos reportes el promedio diario de producción para el 2014 sería de 4.624 barriles, y para enero de 2015, de 4.137 barriles.

Dicho de otro modo, según los datos del MHE, la producción promedio del 2014 es menor a la de 2011 y menor aún a la del momento en que comenzó a aplicarse el incentivo.

Es evidente que existe una fuerte discrepancia entre los datos reportados por YPFB y los presentados por el MHE, a quienes convendría recomendar que coordinen mejor su trabajo estadístico.

No es mi intención aquí analizar el porqué de dicha discrepancia, sino de llamar la atención sobre el hecho de que en función de ambos datos, cualquiera sea el oficial y el verdadero, es indiscutible que el impacto del incentivo en el aumento de la producción de petróleo ha sido y es prácticamente nulo.

Ante estos resultados urge preguntarse: ¿realmente, a quién beneficia el incentivo? Anótese que las petroleras están recibiendo un total de 57,11 dólares por barril de petróleo, un monto superior al actual precio internacional del mismo.

Tomando en cuenta los datos de producción emitidos por YPFB y el monto de 30 dólares de incentivo, el mismo ha significado para el Estado un gasto de 35,4 millones de dólares el 2012; 56,3 millones el 2013 y 57,2 millones el 2014. Es pues un total de 148,8 millones de dólares que las petroleras han recibido hasta ahora a cambio de haber aumentado levemente los niveles de producción de petróleo.

¿Valió la pena el gasto realizado por el gobierno? ¿No hubiese sido mejor destinar ese dinero a otro tipo de gastos o inversiones?

Desde el punto de vista de la industria petrolera ¿no hubiese sido mejor, por ejemplo, destinar esos fondos exclusivamente a la exploración de petróleo por parte de YPFB Chaco que actualmente es una empresa 100% estatal?

Desde un punto de vista más social ¿no hubiese sido preferible, por ejemplo, destinar ese dinero al fortalecimiento de la Renta Dignidad? 50 millones de dólares alcanzarían para pagar dicha renta a 116 mil beneficiarios por año.

Sin duda, ninguna de estas cuestiones preocupa a los actuales gestores de la industria petrolera nacional, cuyo sino, al igual que el del “proceso de cambio”, parece ser hacer realidad todo lo añorado por sus antecesores neoliberales, en este caso: además de que en el país rija el precio internacional del petróleo, transferir recursos de manera directa, pronta y precisa a las empresas petroleras.

Gustavo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 08 de abril de 2015 

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