07 mayo 2018

Desde al año 2002 Tarija es el principal departamento hidrocarburífero de Bolivia, posee/poseía el 84% de las reservas y produce/producía alrededor del 70% de toda la producción de hidrocarburos del país; además que sus campos gasíferos sostenían y sostienen la exportación de gas natural que ha dado tanta liquidez no solo al gobierno central sino también a Gobernaciones y municipios. Sin embargo de esta relevancia, el poder económico petrolero se ha instalado en Santa Cruz y el poder político —muy supeditado al primero— en La Paz.

La marcha en defensa del campo gasífero Incahuasi. Correo del Sur 01/05/2018
Llamo la atención sobre este hecho porque pienso que la raíz última del conflicto que ahora enfrenta a Chuquisaca y Santa Cruz se encuentra en el desequilibrio económico-político entre los departamento productores de hidrocarburos. Tan grande es el desequilibrio que los habitantes de los departamentos menos favorecidos estarán siempre dispuestos, con razón o sin ella, a jugarse la vida por un pedacito de las regalías.

Ese desequilibrio, más allá de las características geológicas y de la existencia o no de hidrocarburos en cada departamento, se explica porque el poder económico-político petrolero determina la política de reservas hidrocarburíferas y la política de exploración y explotación de los mismos en función de sus intereses y no en función de los intereses nacionales o departamentales, ni con una visión geopolítica que privilegie el equilibrio regional, ni con la intensión de aumentar el conocimiento geológico de las regiones del país, ni nada por el estilo, de hecho, su único fin es saber cuánto dinero ingresará a sus arcas.

Algunos podrán argüir que la nacionalización ha cambiado esa situación, pero no es cierto. Con la nacionalización se han recuperado la ex Empresa Petrolera Chaco (100%) y la ex Empresa Petrolera Andina (51%) que tienen a su cargo alrededor del 20% de las áreas de exploración y explotación, en lo demás, en el otro 80%, seguimos dependiendo de la voluntad de inversión de las empresas transnacionales para encontrar hidrocarburos. La nacionalización ha recuperado también la propiedad de todas las empresas del downstream, con lo que se da la sensación de que el Estado es el actor determinante en la industria. Nada está más alejado de la verdad, porque la tan cacareada nacionalización ha recuperado algunas empresas para el Estado, pero no ha podido recuperar la capacidad de definir cómo, cuándo, y dónde se va a desarrollar la industria petrolera boliviana y, lo más importante, en beneficio de quién o de qué regiones.

Algunos ejemplos a este respecto:

El departamento de Cochabamba ha sido el principal productor de petróleo (no de gas natural) desde el año 1994, esa producción hoy está en plena declinación y no hay proyectos exploratorios tendientes a reponerla. Debido a este hecho, las regalías petroleras de Cochabamba están también en declinación, tanto que ahora son irrelevantes para el presupuesto departamental. Algo similar se puede decir de Santa Cruz, cuyo campos petroleros también están en declinación; es que los últimos 20 años se ha priorizado la exploración de gas y no de petróleo. Claro, ni al poder político en La Paz, ni al poder económico en Santa Cruz les importan estas circunstancias. El año 1949 YPFB instaló la Refinería Carlos Montenegro en la ciudad de Sucre, la misma que modernizo el año 1968 con la intención de armar un triángulo refinero (las otras dos refinerías estaban situadas en Cochabamba y Santa Cruz) que diera cierto equilibrio geopolítico a las regiones y pueda distribuirse combustibles sin mayores contratiempos a las poblaciones situadas al sur-oeste del país. Hoy esa refinería ha sido desmantelada. No se puede decir que no necesitamos refinerías, de hecho, teniendo en cuenta el necesario equilibrio regional, con seguridad hubiese sido más sustancial y efectivo —en términos de movimiento económico y generación de empleo— remozar y modernizar la refinería de Sucre antes que las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz. Pero, insisto, estás preocupaciones no están dentro de las prioridades del poder político-económico petrolero. 

Muchos ingenieros y economistas piensan que todo esto depende de condiciones técnicas (existencia de reservorios hidrocarburíferos) y condiciones económicas (factibilidad financiera de los proyectos). Sin embargo, sin desdeñar en lo más mínimo los aspectos técnico-económicos, la historia de los hidrocarburos y del desarrollo de las regiones demuestra fácilmente que nada en estas materias es posible sin las decisiones políticas. Dejando de lado los ejemplos internacionales, baste mencionar que Santa Cruz no sería lo que es hoy sin los lineamientos de política del Plan Bohan, especialmente, sin el Proyecto de Tierras Bajas del Este; o una evidencia más reciente, ni la Planta de Urea y Amoniaco estaría ubicada donde está si no fuera por una decisión política.

Lo que desde hace mucho tiempo está faltando en el país, de hecho desde el desmantelamiento de YPFB allá por el año 1996, es una política de desarrollo hidrocarburífero que cuide el equilibrio geopolítico de las regiones; una política de reservas que de manera sistemática vaya adquiriendo el mayor conocimiento geológico de todo el país no solo de unas regiones, para, sobre esa base, planificar el futuro de la industria petrolera de manera más integral y acorde con las necesidades de los departamentos productores y no productores. En este sentido, también deberíamos revisar y discutir la actual redistribución y uso de los ingresos por hidrocarburos fuera de las regalías que corresponden a cada departamento.

Para terminar, no quisiera que estas líneas se entiendan como un posicionamiento a favor de Chuquisaca y en contra de Santa Cruz en la disputa por el Campo Incahuasi, soy un convencido que eso debería resolverse por la delimitación precisa de la frontera entre Santa Cruz y Chuquisaca, y la ubicación precisa del reservorio en explotación. Sin embargo, esto no me impide ver que los chuquisaqueños están reclamando, más allá de las cuestiones específicas del Campo Incahuasi, su permanente postergación regional. Es en este sentido que digo: Todos somos Chuquisaca, pues, quienes definen las políticas petroleras no están pensando en las necesidades del país, mucho menos de las regiones.

Por Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 07 de mayo de 2018
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