08 agosto 2017

El pasado 23 de julio el periódico Página Siete informaba que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo contrató tres consultores por producto por “algo más de 100 mil bolivianos por mes”.

Información que el Ministro Mario Guillen salió a descalificar arguyendo, entre otras cosas, que la contratación de dichos consultores se justificaba ante la necesidad de garantizar “la máxima seguridad y confiabilidad” en “la transferencia de información histórica de más de 20 años de registros y aportes de más de 2.1 millones de asegurados”, que en estos momentos está en manos de ambas AFP a “un software único de la Gestora Pública”.

Es evidente que la información de los asegurados y los registros de inversión que administran BBVA Previsión AFP y Futuro de Bolivia AFP son de suma importancia, tanto que su actual administración y cuidado, como su transferencia a la Gestora Pública de Pensiones, y la posterior administración y cuidado por parte de esta, con seguridad, demanda y demandará, mucho más que los 104 mil mensuales y el concurso de muchos más profesionales que los tres consultores mencionados.

En ese marco, el problema no está en los montos contratados en cada consultoría sino en que dichos consultores no sean parte del equipo de planta de la Gestora. En el fondo, la explicación brindada por el Ministro, es una confesión de que en el actual equipo de trabajo de la Gestora no existen las capacidades necesarias para realizar la transferencia de la información de manera segura y confiable.

Si esto es así, la situación es grave. Tanto que da pie para dudar respecto a si en el personal de planta de la Gestora existen las competencias necesarias para administrar y resguardar la información que se va a transferir y la nueva que se va a generar a futuro.

Sin embargo, me resisto a creer que la contratación de los consultores tenga que ver solo con la ausencia de capacidades en la Gestora; pienso que el asunto es más grave y da para dudar de la honestidad de quienes están dirigiendo la implementación de la Gestora Pública de Pensiones. Veamos:


Para implementar la Gestora se está gastando más de cinco millones de dólares en un nuevo software, se está comprando y alquilando oficinas nuevas, se está comprando muebles nuevos, equipamiento nuevo, y se está contratando nuevas empresas de servicio; e incluso se está contratando personal nuevo, personal que cuando encuentre dificultades puede ser apoyado por consultores especializados. La pregunta aquí es ¿por qué comenzar todo de cero?

Parece ser que quienes están a cargo de implementar la Gestora no han considerado que hubiese sido mejor tomar el control de una de las AFP, negociar con ella la adquisición de su software y de sus activos, para luego ir absorbiendo paulatinamente a la otra AFP.

Si tomamos en cuenta que desde el año 2002 todos los asegurados podían transferir sus ahorros previsionales de una AFP a otra, sin más trámite que rellanar un formulario para tal efecto. Si tomamos en cuenta que el tipo de inversiones, su forma de registro y su forma de valoración son similares en ambas AFP. Pero, sobre todo, si tomamos en cuenta que todas las operaciones que realizan las AFP, no solo están reguladas sino determinadas hasta el mínimo detalle por el ente regulador, lo que hace que los procedimientos sean similares en ambas AFP, puede concluirse que comenzar controlando una AFP y absorber a la otra hubiese sido menos costoso y más efectivo.

Por ello me pregunto ¿Por qué comenzar todo de cero? Dicho de otro modo, si previamente a la determinación de fundar la Gestora Pública, en ambas AFP ya existían mecanismos administrativos similares, operativamente soportados por un software para tal efecto, y legalmente respaldados por las resoluciones del ente regulador ¿cuál la necesidad de contratar el diseño de un nuevo software y consultores “especializados” para ello?

Intentar responder estas preguntas me ha llevado, como señale arriba, a dudar de la honestidad de quienes están dirigiendo la Gestora. Disculpen mi susceptibilidad, pero comenzar todo de cero no solo significa gastar más dinero, en las actuales formas de contratación que ha asumido el gobierno nacional también puede significar abrir las puertas para recibir jugosas comisiones o favores. No, esta suposición no es exagerada si se revisa la cantidad de licitaciones e invitaciones directas que en el último tiempo se está realizando a nombre de la Gestora Pública de Pensiones.

Por lo que vuelvo a insistir, si ya existían dos AFP funcionando con software propio, con personal experimentado, con oficinas montadas, con mobiliario y equipamiento propio, con empresas de servicios contratadas ¿No era mejor tomar el control de una y fusionar la otra? ¿Qué necesidad había para comenzar todo de nuevo?

Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 08 de agosto de 2017

2 comentarios :

  1. LO PRIMERO QUE SE DEBE EXIGIR POR LEY SON BALANCES ACTUARIALES ANUALES Y MÉTODOS Y BASES DE CÁLCULO DE LAS RENTAS.

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    1. Lo que usted menciona está determinado y controlado por la Autoridad de Control y Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS); las AFP informan a la APS periódicamente de todo ello; cuando la Gestora esté a cargo de todo tendrá que informar de la misma manera. Por esta razón, en nuestro criterio, no se necesita comenzar todo de nuevo.

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