La pertinaz voluntad del MAS para favorecer a las petroleras

Muchos han sido los argumentos que los personeros del gobierno han utilizado para justificar la dación de incentivos a las empresas petroleras.

Evo Morales (Bolivia) y Antonio Brufau (Repsol) supervisando el campo
Margarita/Huacaya en noviembre pasado. Foto: valenciaplaza.com 

El primero de estos argumentos surgió con el gasolinazo frustrado a finales de 2010. En efecto, según el gobierno el “ajuste de precios” estaba destinado a eliminar el subsidio al diésel y la gasolina, para así detener el sangrado de las arcas fiscales; también estaba destinado a cerrar el diferencial entre los precios nacionales e internacionales de los combustibles y así combatir el contrabando de los mismos; pero además, como decía el Ministro de Economía iba a permitir “crear un fondo de incentivo de inversión petrolera […] le vamos a trasladar platita a YPFB para que incentive, para que les de plata, transfiera recursos a aquellos que produzcan petróleo, que encuentren y exploten líquidos."

El segundo de los argumentos surgió en abril de 2012, cuando se promulgaba el Decreto Supremo 1202 que autorizaba la entrega de 30 dólares de incentivo por barril producido, al margen del precio de 27,11 dólares fijado internamente.

El argumento, incluido incluso en los considerados del Decreto, decía: “el precio internacional del petróleo, a la fecha se encuentra muy por encima del precio de referencia del petróleo para el mercado interno, aspecto que representa un desincentivo para la producción de mayores volúmenes de petróleo y sobre todo para la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos líquidos”.

En la misma fecha, surgió el tercer argumento que decía que los costos de producción de las petroleras también habían subido; tanto que lo que les quedaba a las petroleras, una vez que del precio interno del barril de petróleo se descontaba regalías e IDH, no les alcanzaba para cubrirlos.

Para finales de 2015 el precio internacional del petróleo había descendido hasta los 40 dólares por barril, lo que más temprano que tarde, también conduciría a la reducción de los costos de exploración y explotación.

Solo este hecho bastaría para detener cualquier incentivo a las petroleras; más aún si se evidencia que los incentivos otorgados hasta el presente no han aumentado la producción de petróleo ni han logrado el descubrimiento de nuevos campos petroleros. Sin embargo, los incentivos no se detuvieron y por el contrario se ampliaron.

De hecho, abstrayéndose del contexto y de los resultados de los incentivos, ha sido el mismo Evo Morales quien ha insistido para que se apruebe la Ley de Promoción Para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que da mayor seguridad jurídica a las empresas, crea un rango de incentivos que va de 30 a 55 dólares por barril a otorgarse durante 20 o 25 años y, lo más grave, cambia la redistribución de 50% para el Estado y 50% para las empresas.

¿Cuál es la explicación esta vez? En los argumentos de la Ley se dice que: “las características del régimen fiscal, el riesgo exploratorio y los elevados costos en exploración y explotación, hacen que los proyectos hidrocarburíferos en Bolivia no sean atractivos económicamente” por lo que se justificaría un incentivo.

Paralelamente a la aprobación de dicha Ley, el Presidente de YPFB sostenía que el objetivo principal de la misma es “plantear un escenario que permita que estos proyectos [los que ya están planificados o en marcha] puedan seguir siendo garantizados tanto por YPFB como por las operadoras”.

Es decir, no importa si los precios del petróleo han caído a menos de 35 dólares el último mes y que con los incentivos paguemos el doble o más en Bolivia; tampoco importa a cuánto ascienden los costos de exploración y explotación reales de las empresas, que hasta el día de hoy no son de conocimiento público; mucho menos importa que los incentivos aplicados desde abril de 2012 no hayan alcanzado los resultado anunciados; incluso, no importa si las operaciones de las petroleras no son económicamente rentables, porque ahora será el Estado Plurinacional de Bolivia quien les garantizará sus ingresos.

Es evidente que los argumentos a favor de dar incentivos a las petroleras han ido cambiando, al extremo de contraponerse, lo único que no ha cambiado ha sido la voluntad de los personeros de YPFB, de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y del propio Evo Morales, de garantizar el retorno de las inversiones de las empresas petroleras y asegurar sus ganancias.

Esa voluntad es el único “argumento” que al final se ha impuesto y está mejorando los ingresos de las petroleras en desmedro de los ingresos del país.

Queda por averiguar qué está detrás de esa tenaz voluntad, y si sus impulsores están recibiendo alguna prebenda por ser tan pertinaces en su propósito; al fin y al cabo no sería de sorprender que las petroleras sean las principales aportantes a la campaña de la reelección o, peor, algún vivillo masista esté recibiendo una canonjía directa.

Independientemente de lo anterior, lo evidente es que detrás de los altisonantes discursos sobre la “nacionalización del Siglo XXI”, la idea posmoderna de “socialismo comunitario”, esa patraña del “vivir bien” y el antimperialismo de Evo Morales, siguen vigentes y más fuertes que nunca los intereses económicos de las transnacionales y las personas funcionales a los mismos.

Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 12 de enero de 2016