¿En un gobierno como el del Movimiento al Socialismo (MAS), con la calidad ética y moral del personal jerárquico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), y con la institucionalidad tan debilitada en el sector: Puede esperarse hechos de corrupción relacionados con la otorgación de incentivos a las empresas petroleras?
La resolución 206/2011
Hago esta interrogante porque tengo en mis manos la Resolución Ministerial 206/2011, emitida el 11 de mayo de 2011, que autorizaba la “Cesión del 100% (Cien por ciento) de los derechos y obligaciones de Repsol YPF [en los campos Surubí Noreste, Paloma, Surubí, Surubí Bloque Bajo y Cambeiti] a favor de YPFB Chaco”, que hasta la fecha, según los reportes de producción del MHE, no se ha ejecutado.
La relevancia de la Resolución estaba en que los principales campos productores de petróleo en el país pasaban a ser operados por YPFB Chaco; lo que hubiera dado al gobierno y a YPFB Corporación la posibilidad de enfrentar y resolver la escasez de petróleo sin depender de la buena o mala voluntad de las transnacionales.
Desde un punto de vista económico la resolución también era relevante porque YPFB Chaco, a pesar de operar la mayoría de los campos marginales (ya agotados) que hay en el país, es la empresa que ha reportado los costos de producción más bajos (ver aquí), tan bajos que posiblemente hubiesen hecho innecesaria la aplicación de los incentivos.
Siendo así de importante lo estipulado en la Resolución ¿por qué no se la ejecutó? ¿Qué razones impidieron a YPFB Corporación que concluyera “los trámites operativos, administrativos y legales para la efectivización de la Cesión del Contrato” como reza la propia Resolución?
Los dólares que (posiblemente) impidieron la cesión de los campos petroleros
Sospecho que los trámites de cesión no se iniciaron (y sí se iniciaron no se completaron) porque se traficó con información privilegiada respecto a la pronta otorgación de 30 dólares de incentivo por cada barril de petróleo producido, que se sumarían a los 27,11 dólares del precio fijado para el mismo.
En efecto, es sumamente sospechoso que desde mayo de 2011 hasta abril de 2012, cuando se inicia el pago del incentivo, no se haya concluido la cesión de contratos; máxime si se toma en cuenta que Repsol fue y es la empresa que recibe la mayor parte de los incentivos otorgados a las empresas; parte que hubiese estado recibiendo YPFB Chaco (una empresa 100% estatal) de haberse concretado la cesión.
En concreto, desde la aplicación de los incentivos (abril de 2012) a diciembre de 2015, Repsol ya ha recibido alrededor de 118 millones de Dólares (Ver Cuadro), los mismos que bien podrían haber ingresado a las Cajas de YPFB Chaco.
Una nueva conclusión
En una nota anterior, donde mostraba que los argumentos del gobierno a favor de otorgar incentivos habían ido cambiando hasta el punto de contradecirse, me preguntaba si su tenaz voluntad por favorecerlas era gratuita.
Ahora pienso que tantas contradicciones y tanta testarudez por aplicar unos incentivos claramente innecesarios e inútiles, pueden ser explicables porque los promotores de los incentivos están recibiendo alguna canonjía o un buen aporte a la campaña a favor del Sí en el próximo referendo.
Retomando la interrogante con la que inicie este artículo: ¿es posible que haya corrupción en este caso? Claro que sí. Máxime con los antecedentes de latrocinio de Repsol y los últimos casos de este tipo en YPFB.
Gustavo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 27 de enero de 2016
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