La gestión de Carlos Villegas al frente de YPFB consolidó una forma de comunicación y publicidad institucional caracterizada por ocultar la información relevante o, en caso de no poder hacerlo, acallar los asuntos álgidos; y, si definitivamente no han podido evitar el tratamiento de esos asuntos, por mentir con descaro.
Esta afirmación no es exageración o difamación, para confirmarlo es suficiente constatar que no hay respuestas sólidas y transparentes a las siguientes interrogantes:
- ¿A cuánto ascienden las reservas de petróleo, dónde está el informe al respecto?
- ¿Estos informes están disponibles y son de acceso público?
- ¿Más allá del anuncio sobre las reservas de gas existentes en el país, alguien conoce el informe?
- El ex – gerente de las Plantas Separadoras de Líquidos está preso por corrupto, pero ¿qué es de los corruptores?
- ¿Se indagó más al respecto, o simplemente se archivó la investigación?
- En vista de qué sólo un alto ejecutivo está acusado ¿cómo es posible que un solo individuo haya burlado todos los procedimientos y controles internos?.
- Peor aún, ¿cómo es posible que haya detentado tanto poder como para delinquir sin la necesidad de cómplices?
Sí realmente es cierto que se ha invertido la relación de distribución de ingresos de tal manera que el Estado recibe aproximadamente el 82% y las petroleras el 18% de los ingresos:
- ¿Por qué no presentan la información campo por campo?
- ¿Esa relación de distribución se cumple para todos los campos?
- ¿Para cuáles no y por qué?
Es más: si se analiza la distribución de ingresos respecto a toda la vida útil del campo:
- ¿Se mantiene la relación del 82/18?
- ¿No será que el Estado está participando con el 82% sólo en la etapa de declinación de los campos?
Estas interrogantes también son válidas para verificar los costos de producción que los mismos personeros de YPFB han reportado de manera incompleta, desordenada y casi subrepticia, si no están mintiendo ¿por qué no presentan toda la información al respecto?
Carlos Villegas ya no está, pero las mañas comunicacionales y publicitarias, instituidas por él, siguen vigentes. Un último ejemplo se encuentra en la nota/publicidad presentada por la AN – YPFB el 03 de abril, que respecto al incentivo a la producción de petróleo afirma:
“El incentivo a la producción de campos marginales y pequeños de $us 30 ha significado un incremento en la producción de líquidos y evitó la necesidad de efectuar mayores importaciones de diésel oil y gasolina especial. Los beneficiarios de este incremento de producción fueron las regiones, mediante el pago del IDH y regalías por parte de YPFB. La producción sin incentivos a este tipo de campos, implicaría mayores niveles de importación, generando fuga de divisas y por ende, una reducción de las Reservas Internacionales Netas”
Ni una de las oraciones que conforman el párrafo es cierta. En una nota anterior demostré que, según los datos de YPFB la producción de petróleo había subido levemente, entre 400 y 500 barriles por día; pero, según los datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la producción estaba por debajo de los niveles previos a la aplicación del incentivo. Es decir que, independientemente de cual sea el dato verdadero, no hay un “incremento de producción” significativo y, por lo tanto, el incentivo no está logrando los resultados esperados por los mismos personeros de YPFB.
No es cierto que se “evitó la necesidad de efectuar mayores importaciones”. Lo evidente es que las importaciones de Diesel Oil han ido en aumento cada año: de 4,8 millones de barriles el 2011 a 5,8 millones el 2014; es decir que hoy se importa un millón de barriles más a pesar del “incentivo” (Ver Gráfico). Uno de los principales objetivos del “incentivo” era “reducir las importaciones de derivados de petróleo”, claramente no se está cumpliendo.
No es cierto que “la producción sin incentivos […] implicaría mayores niveles de importación”. De hecho, había opciones factibles más beneficiosas, por ejemplo:
- Así como se destinó sumas importantes de dinero para las plantas de separación de líquidos y la de urea y amoniaco, el gobierno podía destinar un monto similar para que YPFB Chaco (empresa 100% estatal) los invirtiera en la exploración exclusiva de petróleo.
- Podía optarse por obligar a las empresas que operan campos con probabilidad de existencia de petróleo a realizar y concluir la exploración con dicho objetivo y no solamente en busca de gas natural. El exministro Juan José Sosa aprovechando la vigencia del “incentivo” entre muchas otras iniciativas, proponía “la perforación de pozos someros en el campo San Alberto”, campo que, como es sabido, tiene alta probabilidad de contener también petróleo; en vista que hasta la fecha PETROBRAS no ha hecho caso a esa propuesta, sería optimo que YPFB demuestre que realmente dirige y decide (que demuestre que la transnacional que opera dicho campo es realmente una empresa que presta servicios) y obligue a PETROBRAS a buscar petróleo en los campos que detenta. O mejor, al margen de PETROBRAS e inclusive sin perjudicar los intereses de ésta en el gas natural, que realice ella misma la búsqueda de petróleo en los niveles someros del campo San Alberto, cuyos hidrocarburos son nuestros, según toda la legislación emanada desde el 2006 y todas las declaraciones de Evo Morales y compañía. ¿O es que la nacionalización es simplemente declarativa y no real y efectiva?
- También podía haberse dispuesto que los campos marginales pasaran todos a manos de YPFB Chaco, que hasta ese momento, a diferencia de las demás petroleras, reportaba costos de producción bajos a pesar de contar con varios campos marginales. Estos costos eran tan bajos que hacían innecesario el “incentivo”. A propósito de este tema, ya se había emitido la Resolución Ministerial 206/2011 autorizando “la cesión del 100% (Cien por cien) de los derechos y obligaciones de Repsol YPF E&P Bolivia S.A. derivados del contrato de operación para el Área Mamoré I Campo Surubí Noroeste a favor de YPFB Chaco S.A”; precisamente uno de los principales campos productores de petróleo. Sin embargo, tanto la Resolución mencionada como este tipo de iniciativas, todas quedaron truncas o no se efectivizaron una vez surgido el “incentivo”; por lo que cabe preguntar ¿qué personas se han beneficiado o se están beneficiando al no haberse realizado dicha Resolución y al truncarse este tipo de iniciativas?
Tampoco es cierto que los beneficiarios del “incremento de producción fueron las regiones mediante el pago del IDH y regalías”. Por un momento, asumamos la lógica de los personeros de YPFB y aceptemos que el incremento de la producción aumenta el nivel de IDH y regalías que reciben las regiones; para saber con certeza si esto realmente es un beneficio, más allá de verificar el, en nuestro criterio, incierto incremento de la producción, habría que compararlo con lo que esas regiones han dejado de percibir por coparticipación tributaria.
En efecto, el incentivo se paga en Notas de Crédito Fiscal, las mismas que disminuyen el monto de recaudación de impuestos en efectivo; monto, este último, que sustenta el Presupuesto General del Estado y sobre el cual se distribuye a las regiones las alícuotas definidas por coparticipación. ¿Cuánto han aumentado los ingresos de las regiones debido al “incentivo” y cuánto han disminuido por coparticipación?
No obstante, independientemente de cuál sea la respuesta, lo cierto es que el “incentivo” es financiado por lo impuestos que todos los consumidores bolivianos, no las empresas, pagan al Estado.
En ese marco y a la luz de los datos aquí presentados puede concluirse: primero, que el “incentivo” a las petroleras no está beneficiando a los contribuyentes; segundo, que los funcionarios de YPFB y del Ministerio de Finanzas y Economía disponen de nuestros tributos con criterios inciertos y equívocos.
Gustavo Rodríguez Cáceres
Cochabamba, 22 de abril de 2015
Lamentáblemente, este tipo de actitudes demuestran que los negociados siguen a la órden del día. Y.P.F.B. ha sido una empresa que, desde la primera nacionalización de los hidrocarburos, fué manejada en forma poco transparente y abusiva.
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